La Fiscalía judicializó al exalcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado Barrera y a otras siete personas por presuntas irregularidades en la selección del contratista y la ejecución de la interventoría del puente de la calle 60. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Pagos de la interventoría del puente
El contrato de interventoría, por más de 2.997 millones de pesos y con un plazo de ocho meses, debía cubrir el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico a la construcción de un puente elevado y sus interconexiones. Los pagos al consorcio interventor estaban sujetos al porcentaje de ejecución del contrato de obra.
Las labores de policía judicial evidenciaron que al interventor se le reconocieron desembolsos superiores a 1.000 millones de pesos cuando la construcción registraba un avance inferior al 6 %. La investigación también apunta a la selección del consorcio: el comité evaluador jurídico habría tramitado y aprobado su propuesta pese a que, según la Fiscalía, estaría inhabilitado para contratar con el Estado.
En ese comité participaban las exasesoras de la Alcaldía María Alejandra Arenas Plata y Angie Juliett Rojas Millán. El consorcio estaba representado por el contratista Francisco José Restrepo Albarello.
Cargos contra los ocho procesados
La Fiscalía atribuye a Hurtado Barrera, en su condición de alcalde, una presunta omisión de los controles sobre la selección y la ejecución contractual. La exsecretaria de Infraestructura Sharon Dayana Guzmán González habría participado en la adjudicación y respaldado actuaciones que permitieron pagos contrarios a lo pactado.
Restrepo Albarello, como representante legal del consorcio, habría promovido cobros que no correspondían a las condiciones contractuales ni al desarrollo de la obra. A los exsupervisores Diego Fernando Herrán Triana, Freddy Mauricio Peralta Delgado y Jorge Andrés Zambrano Rodríguez se les señala de presuntamente supervisar, tramitar o avalar los desembolsos sin adoptar las medidas que les correspondían para impedirlos.
Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Tolima les imputó, de acuerdo con la posible responsabilidad individual de cada uno, peculado por apropiación en favor de terceros y en favor propio, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. Los ocho procesados no aceptaron los cargos.
