La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el senador Iván Cepeda Castro para establecer si hubo irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico de 2025, proceso en el que se definió la candidatura presidencial de la colectividad.
Pruebas ordenadas por la Corte
El expediente quedó a cargo del magistrado Francisco Farfán. Desde ese despacho se ordenó de oficio la práctica de pruebas y declaraciones, una decisión que la Corte comunicó sin detallar las diligencias previstas ni las personas que serían llamadas.
La actuación se encuentra en una fase inicial destinada a recopilar información y establecer si existen elementos para abrir una investigación formal. La indagación previa no implica imputación, cargos ni declaración de responsabilidad para Cepeda.
El asunto examina los recursos utilizados en la consulta realizada el 26 de octubre de 2025. En esa jornada, Cepeda obtuvo cerca del 65 por ciento de los votos y fue escogido como candidato presidencial del Pacto Histórico, por encima de la exministra de Salud Carolina Corcho y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.
Recursos de la consulta interna
Entre los hechos referidos en el expediente aparece el presunto ingreso de 116 millones de pesos, una suma que superaría el tope que una persona natural podía aportar a una campaña. También se mencionó un monto de 609 millones de pesos que provenía de una empresa.
El Consejo Nacional Electoral ya había revisado esos recursos y descartó irregularidades. La decisión quedó consignada en la Resolución 3880 del 18 de agosto de 2026, que cerró de manera definitiva la actuación electoral y fue notificada a Cepeda el 1 de septiembre.
Al examinar los documentos, el tribunal electoral concluyó que los dos movimientos cuestionados no correspondían a donaciones. Los calificó como contratos bajo la modalidad de crédito para elaborar piezas publicitarias e imprimir periódicos.
Tras la decisión del CNE, Cepeda sostuvo que su campaña para la consulta cumplió estrictamente las normas sobre financiación privada. La Procuraduría, entretanto, puso la lupa sobre la actuación adelantada por la autoridad electoral.
Con las pruebas y declaraciones ordenadas, la Sala Especial de Instrucción definirá si encuentra elementos suficientes para avanzar a una investigación formal.
