La Fiscalía General de la Nación anunció avances en un proceso contra una red que, presuntamente desde el pabellón 6 de la cárcel La Picota, habría obtenido más de 4.900 millones de pesos mediante extorsiones y estafas telefónicas.
Extorsiones desde La Picota
La investigación describe un esquema que comenzaba con llamadas desde el establecimiento penitenciario en Bogotá. Los señalados integrantes habrían burlado controles del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para acceder ilegalmente a celulares, servicios de datos y aplicaciones financieras, en una operación que también involucraría otros centros penitenciarios del país.
El dinero recibido en billeteras digitales y cuentas de terceros era distribuido entre miembros de la red, algunos de ellos fuera de prisión. Luego, los recursos eran retirados en efectivo y destinados, de acuerdo con la Fiscalía, a la compra de inmuebles, vehículos y otros activos.
Durante las labores investigativas se examinaron más de 631.000 operaciones financieras y se documentaron 43 noticias criminales asociadas con denuncias y reportes de víctimas. Las actividades de policía judicial surgieron de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) y permitieron rastrear el origen, tránsito y destino de los recursos.
Parte de los fondos retornaba mediante consignaciones de bajo monto que tendrían como destinatario a Fabián Viracachá Ballén, alias El Don o Pluma. La Fiscalía indicó que, pese a estar privado de la libertad, presuntamente controlaba la operación criminal y financiera del entramado.
Viracachá Ballén está postulado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como exintegrante de las extintas Farc y cumple una condena de 38 años de prisión por el crimen de un integrante de la Policía Nacional y otras conductas ilícitas. También se le atribuyen extorsiones y lesiones personales contra otras personas privadas de la libertad.
Activos y judicialización de procesados
Según la investigación, internos habrían sido reclutados y entrenados para hacer llamadas masivas a potenciales víctimas en distintas regiones. Una modalidad consistía en crear perfiles falsos de mujeres en WhatsApp para ofrecer supuestos servicios sexuales y, posteriormente, utilizar fotografías de redes sociales y montajes para exigir dinero a cambio de no divulgar material.
El rastreo financiero detectó además un esquema de ocultamiento de por lo menos, 2.000 millones de pesos en menos de cuatro años. Una parte de las ganancias ilícitas sería destinada a conservar control dentro del establecimiento penitenciario y a facilitar el ingreso y comercialización de bebidas alcohólicas, estupefacientes y otros elementos prohibidos.
La estructura estaría integrada, entre otros, por la esposa, el hijo y la hijastra de Viracachá Ballén. La Fiscalía identificó seis inmuebles y cuatro vehículos en Bogotá; Soacha, Facatativá, Fusagasugá y Viotá, en Cundinamarca; y Restrepo, Meta, que presuntamente fueron adquiridos con dineros de las actividades ilícitas.
La entidad promoverá medidas cautelares con fines de comiso sobre esos activos. Viracachá Ballén fue notificado del nuevo proceso en el centro carcelario donde permanece recluido.
Servidores del CTI, con apoyo de la DIJIN de la Policía Nacional, capturaron a Bibiana Paola Montañez Rozo, Helim Yareyth Clavijo Montañez y Michael Stiven Viracachá Pérez. Un fiscal de la Delegada para las Finanzas Criminales los presentó ante un juez de control de garantías de Bogotá.
A los tres procesados les fueron imputados, de acuerdo con su presunta participación, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, amenazas, concierto para delinquir y suplantación de identidad. Los tres procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.
