La Defensoría del Pueblo reportó que los ataques armados con drones aumentaron 146 % entre enero y mayo de 2026 en Colombia. El balance, incluido en su nueva radiografía de derechos humanos, registra 21 personas fallecidas y 145 heridas y sitúa esta modalidad entre las transformaciones recientes de la violencia armada.
Ataques con drones en Colombia
Durante los primeros cinco meses de 2026 fueron contabilizados 121 ataques con drones, frente a 49 en el mismo periodo de 2025. La Defensoría señaló que la expansión de estas acciones hacia nuevos departamentos y su empleo en zonas pobladas reflejan cambios en el conflicto armado que requieren observar estrictamente las normas del derecho internacional humanitario.
El informe “Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir” identifica el uso de sistemas aéreos no tripulados como una de las nuevas expresiones de la violencia en zonas de conflicto. Estas acciones afectan tanto a integrantes de la Fuerza Pública como a población civil.
La entidad presentó el documento en agosto de 2026 como una línea base para las decisiones del nuevo Gobierno nacional y del Congreso de la República. El diagnóstico reúne indicadores de fuentes oficiales y datos recogidos diariamente en los territorios para orientar la planeación, implementación y evaluación de políticas públicas.
Riesgos armados persisten en regiones
La radiografía advierte que el conflicto armado y la criminalidad organizada persisten, aunque con dinámicas fragmentadas y en transformación. En ese escenario, la Defensoría planteó que las respuestas estatales de seguridad deben priorizar la protección de la población civil y el respeto por los derechos humanos.
En 2026, la entidad monitoreó permanentemente 260 municipios por presencia del ELN. De ellos, 145 registran presencia permanente de esa guerrilla y 115, presencia intermitente. La Defensoría también ha expedido 99 alertas tempranas relacionadas con al menos 77 grupos de crimen organizado.
El documento registra cerca de 120 alertas tempranas vigentes en todos los departamentos por situaciones de riesgo. Además de los ataques con drones, incorpora datos sobre desplazamiento y confinamiento, víctimas del conflicto, minas antipersonal, homicidios, masacres, reclutamiento de menores y asesinatos de personas vinculadas a procesos de paz.
Entre 2017 y julio de 2026 se registraron 1.002 hechos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 394.839 personas. El informe también recopiló 651 masacres ocurridas entre 2019 y el 18 de julio de 2026, con 2.380 víctimas, a partir de datos de Indepaz.
La Defensoría organizó sus principales preocupaciones en cinco ejes: desigualdad y exclusión; violencia armada, paz y seguridad; degradación ambiental y cambio climático; reforma rural y derechos de campesinos y pueblos étnicos; y pluralismo democrático, espacio cívico y libertad de expresión. El documento queda como referencia para el seguimiento de esos desafíos durante el nuevo periodo de Gobierno.
