El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) abrió una revisión de su contratación y operación después de que su directora general, María Carolina Restrepo Cañavera, alertara sobre el crecimiento de los contratos de prestación de servicios en los últimos años.
Cifras bajo revisión en el ICBF
Restrepo Cañavera asumió oficialmente la dirección del Instituto en agosto de 2026 y anunció una evaluación detallada de los contratos de prestación de servicios. La revisión busca establecer la necesidad de esas vinculaciones, los productos y obligaciones pactados, su cumplimiento y los resultados obtenidos con los recursos destinados.
La directora expuso que la contratación estatal por prestación de servicios habría pasado de 221.201 contratos a 418.805 entre agosto de 2022 y junio de 2025. En ese mismo comparativo, el valor asociado habría aumentado de $8 billones a $15 billones, de acuerdo con las cifras presentadas por la funcionaria.
Para el caso del ICBF, Restrepo Cañavera indicó que la entidad registró 6.427 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en 2022 y llegó a 9.795 contratistas en 2024. El proceso contempla revisar la ejecución y los resultados de esos contratos.
La evaluación también abarca procesos de contratación y selección de operadores en las regiones. El Instituto cuenta con 33 regionales, y la revisión incorpora el destino de recursos para la atención de la primera infancia y su relación con los servicios dirigidos a niños, niñas y familias beneficiarias.
Contratación territorial y posibles hallazgos
El ICBF informó que la contratación con organizaciones de base alcanzó el 74,2 % en 2026, tras representar el 25,7 % en 2022. La entidad añadió que fijó un límite máximo de $8.000 millones por organización contratada en 2026, una cifra distinta a los montos expresados en billones sobre contratación estatal.
La entidad desarrolla este proceso mientras adelanta cambios en su modelo laboral y de contratación. Entre ellos, reportó la ampliación de su planta de personal y la formalización de 2.353 madres comunitarias como trabajadoras oficiales.
Restrepo Cañavera aseguró que los resultados de la revisión serán dados a conocer a la ciudadanía. Si se identifican posibles irregularidades, los hallazgos podrán ser trasladados a los organismos de control correspondientes.
La eventual remisión de información dependerá de los elementos que surjan de la revisión de documentos, contratos, estudios previos, ejecución y resultados. Entre las entidades mencionadas para una posible intervención están la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.
La revisión anunciada no establece por sí misma irregularidades en los contratos ni responsabilidades penales o fiscales. El siguiente paso será la divulgación de los hallazgos y de las explicaciones del ICBF sobre los recursos contratados y ejecutados, así como su impacto en la atención de niños, niñas, adolescentes y familias.
