La UNGRD publicó la Circular n.º 73 del 20 de agosto de 2026 para aplicar una metodología unificada en las edificaciones afectadas por el sismo del 10 de agosto, con criterios para definir su seguridad, habitabilidad y las medidas posteriores de respuesta y recuperación.
Dos fases para evaluar inmuebles
La medida se expidió dentro de la declaratoria de situación de desastre de carácter nacional establecida mediante el Decreto 1171 del 11 de agosto de 2026. La metodología contempla una implementación progresiva: la UNGRD coordinará el proceso y las entidades territoriales estarán encargadas de coordinar las evaluaciones dentro de sus jurisdicciones.
El esquema busca que las inspecciones se desarrollen con criterios técnicos comunes, para evitar duplicidades e inconsistencias en los registros. Sus resultados servirán para definir restricciones de uso, el retorno seguro de la población y el restablecimiento de servicios esenciales durante la respuesta, además de las acciones que se ejecutarán al iniciar la recuperación.
La primera fase será una inspección rápida para establecer si una edificación puede ocuparse, si requiere restricciones o si no debe ser habitada, conforme a las condiciones observadas al momento de la visita. La evaluación tendrá carácter provisional y deberá repetirse si ocurren réplicas u otros eventos que modifiquen las condiciones de seguridad.
Tras esa revisión se instalarán carteles de tres colores. El cartel verde permite el ingreso y el uso sin restricciones, aunque no certifica la ausencia de daños. El amarillo limita el ingreso, la ocupación o el uso y exige una evaluación detallada. El cartel rojo indica peligro de colapso y prohíbe el ingreso y la ocupación, salvo autorización de la autoridad competente; no constituye por sí solo una orden de demolición.
Evaluación detallada y prioridades
La segunda fase se basará en el formulario de inspección de edificaciones después de un sismo desarrollado por el IDIGER. Estará enfocada principalmente en los inmuebles identificados con carteles amarillos o rojos, así como en aquellos remitidos expresamente desde la primera evaluación.
Esta revisión permitirá confirmar o modificar la clasificación inicial, formular recomendaciones de intervención y caracterizar la situación de los hogares u organizaciones que ocupan los predios. Con esos elementos, las alcaldías determinarán el destino final de las estructuras evaluadas.
Para la infraestructura vital, la evaluación detallada se realizará desde el inicio. La prioridad incluye hospitales y otras instalaciones de salud, establecimientos educativos, redes de servicios públicos esenciales y edificaciones indispensables para la atención de la comunidad.
Los datos recolectados serán incorporados al Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNIGRD) con criterios de georreferenciación, validación y trazabilidad. La UNGRD entregará herramientas digitales para capturar la información en las dos fases, incluso en zonas con dificultades de conectividad.
La metodología incorpora además el Registro Único de Profesionales Evaluadores (RUPE), mediante el cual se registrará, verificará y habilitará a profesionales voluntarios que participen en las inspecciones. Los lineamientos fueron elaborados con entidades públicas, gremios, asociaciones de ingeniería, universidades y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
