El presidente Abelardo de la Espriella ordenó iniciar esta semana operativos coordinados entre Migración Colombia y la Policía en Barranquilla para identificar a extranjeros en situación migratoria irregular y avanzar, cuando corresponda, en procesos de deportación.
Operativos migratorios en Barranquilla
La instrucción fue impartida durante un consejo de seguridad en la capital del Atlántico. De la Espriella pidió que las acciones comiencen por la identificación de extranjeros presuntamente vinculados con actividades delictivas y que, después, se revise la situación de quienes no hayan regularizado su permanencia en el país.
El mandatario sostuvo que la medida responde a una posición defendida durante su campaña y la definió como una decisión política y administrativa. Al exponer la directriz, afirmó: “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”.
La orden contempla que los extranjeros identificados en condición irregular sean sometidos a los procedimientos administrativos previstos por las autoridades migratorias. La permanencia irregular, por sí sola, no equivale a la comisión de un delito.
En junio, cuando era candidato, De la Espriella había planteado que quienes llegaran a Colombia respetando la ley tendrían garantías, mientras que quienes incumplieran las normas migratorias serían devueltos a sus países. En Barranquilla reiteró que no aceptará la migración ilegal.
Migración y estrategia de seguridad
La decisión tiene especial incidencia sobre la población migrante venezolana. Con corte a enero de 2026, alrededor del 82% de los migrantes venezolanos en Colombia tenía una condición migratoria regular, de acuerdo con datos de Migración Colombia citados en las informaciones.
Las mismas cifras ubican en cerca de 500.000 personas en situación irregular a la población venezolana. Una parte corresponde a personas con Permiso de Protección Temporal que no han entrado al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, creado durante el gobierno de Iván Duque.
Expertos en seguridad y migración han advertido que migración irregular y criminalidad no son fenómenos equivalentes. Han planteado que el control migratorio y la persecución de organizaciones criminales deben coexistir con la protección de los derechos de las personas migrantes.
Los operativos se integran a un paquete de seguridad anunciado para Barranquilla, ciudad que el Gobierno utilizará como punto de prueba de su estrategia de seguridad y convivencia. El plan incluye acciones contra la extorsión, el microtráfico, el hurto, el homicidio y las estructuras dedicadas a actividades económicas ilegales.
También fueron anunciadas la reactivación del sistema de recompensas, una red de cooperantes, redadas contra estructuras criminales, recuperación de espacios públicos, fortalecimiento de la inteligencia y una revisión de las cámaras de seguridad. El Gobierno busca reforzar la coordinación entre Fuerza Pública, Fiscalía y jueces.
La próxima reunión de seguridad estará dedicada a verificar el cumplimiento de las medidas y sus resultados, tras el inicio de los procedimientos ordenados para esta semana en Barranquilla.
