La violencia de los grupos armados ilegales vuelve a ensañarse con las comunidades rurales del Pacífico colombiano. La Defensoría del Pueblo lanzó una alarmante alerta pública tras confirmar el desplazamiento forzado de más de 70 familias (cerca de 200 personas) provenientes del municipio de López de Micay, Cauca, quienes llegaron en precarias condiciones a Buenaventura, Valle del Cauca, buscando salvar sus vidas.
El éxodo masivo es el resultado directo de una violenta incursión armada perpetrada por el Ejército de Liberación Nacional (Eln), que sembró el terror entre los habitantes de esta convulsa región del país.
Secuestro masivo y saqueo: Así comenzó el terror
Los hechos que desencadenaron la crisis comenzaron el pasado viernes 3 de julio, cuando un fuerte remanente de guerrilleros del Eln irrumpió en la vereda San Antonio de Gurumendy, perteneciente a la cabecera municipal de López de Micay.
Según el reporte oficial de la entidad humanitaria, los subversivos intimidaron a la población, la obligaron a asistir a una reunión comunitaria bajo amenazas y saquearon los víveres de las tiendas locales. No conformes con el robo de los alimentos, el grupo armado secuestró a 40 personas de la comunidad, utilizándolas por la fuerza como cargueros humanos para transportar los elementos hurtados hacia la espesura de la selva.
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Aunque con el paso de los días la presión territorial permitió la liberación de 32 de los retenidos, ocho personas continúan en cautiverio en manos de la guerrilla. Este ambiente de zozobra e indefensión total obligó a las familias a empacar lo poco que les quedaba y huir vía fluvial hacia el puerto de Buenaventura.
Activación de emergencia y llamado de la Defensoría
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, informó que desde el pasado 6 de julio las autoridades locales activaron el Comité de Justicia Transicional. Actualmente, se adelanta el censo y caracterización de los desplazados que van arribando al Valle del Cauca para coordinar la entrega urgente de ayuda humanitaria de emergencia, albergue y alimentación.
«Hacemos un llamado perentorio al Eln para que libere de manera inmediata y sin condiciones a las ocho personas que aún permanecen secuestradas, respetando su vida e integridad», enfatizó la Defensoría, instando a la organización ilegal a cesar definitivamente la práctica del secuestro en todo el territorio nacional.
Finalmente, el organismo de control humanitario exhortó al Gobierno nacional y a las gobernaciones del Cauca y Valle del Cauca a articular esfuerzos no solo para atender de manera eficaz el drama de las familias que llegaron a Buenaventura, sino para desplegar la fuerza pública y prevenir nuevas retaliaciones y afectaciones contra quienes decidieron quedarse en López de Micay.
