La posesión de De la Espriella abrió un cruce con el Ejecutivo: el Gobierno de Gustavo Petro negó que ese acto vaya a realizarse en una base militar y sostuvo que solo el Congreso puede decidir un eventual traslado de su sede.
El Ejecutivo desmarca a las Fuerzas Militares del acto anunciado
La controversia se desató después de que se hablara de una posesión asociada a De la Espriella en instalaciones militares. Frente a ese escenario, el Gobierno marcó distancia y aseguró que el acto no está previsto en una base, en un mensaje que también busca cerrar la puerta a interpretaciones sobre respaldo institucional de la Fuerza Pública.
En la misma línea, la Casa de Nariño recalcó que el alcance de cualquier evento de este tipo no puede confundirse con decisiones sobre el funcionamiento del Legislativo. El punto central del pronunciamiento fue fijar límites: una ceremonia o anuncio político no equivale, por sí solo, a mover la sede de un poder público.
“Solo el Congreso puede mover la sede”: el eje del mensaje oficial
El Ejecutivo señaló que la facultad para cambiar la sede del Legislativo recae en el propio Congreso de la República. Con esa frase, el Gobierno buscó zanjar la discusión sobre la validez de convocar un acto en un lugar distinto al habitual y, sobre todo, sobre la posibilidad de presentarlo como un traslado institucional.
El recordatorio tiene un efecto inmediato en la lectura del episodio: si la sede no puede modificarse por decisión del Gobierno, cualquier anuncio sobre una “posesión” en un recinto militar quedaría, como mínimo, en el terreno de lo político y no en el de un acto con efectos institucionales para el Congreso.
Qué cambia (y qué no) con la respuesta del Gobierno Petro
La respuesta del Gobierno Petro no convierte el caso en una definición sobre la figura de la posesión en sí, sino sobre el lugar y el significado que se le pretende dar. El Ejecutivo se limitó a negar el escenario en una base militar y a insistir en que el Congreso es la instancia que puede decidir sobre su sede.
En términos prácticos, el mensaje oficial establece un marco: el Gobierno no asume la organización ni válida un acto en instalaciones militares, y además rechaza que se use ese espacio para sugerir un traslado del Congreso por fuera de sus competencias. La discusión, así planteada, queda en el choque entre una narrativa política alrededor de la “posesión” y el límite institucional que el Ejecutivo dice reconocer.
