El fraude en subsidios del DPS llevó a la captura de 11 presuntos integrantes de una red que, según la Dijín y la Fiscalía, habría desviado más de $3.000 millones destinados a población vulnerable. Las autoridades sostienen que el grupo manipulaba sistemas biométricos para suplantar a beneficiarios y cobrar las ayudas.
Operativos en Medellín, Barranquilla y Montería tras más de un año de investigación
La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, reportó la captura de 11 personas señaladas de integrar una organización dedicada al fraude electrónico con recursos de programas sociales del Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Los operativos se hicieron de manera simultánea en Medellín, Barranquilla y Montería.
De acuerdo con el coronel Elver Vicente Alfonso, director de Investigación Criminal e Interpol, el caso deja más de 334 víctimas identificadas en distintas regiones del país. Las autoridades también reportaron 49 denuncias penales y 69 quejas radicadas ante la red multiservicios relacionada con los pagos.
Según la Policía Nacional, el dinero que habría sido apropiado de forma ilegal correspondía a subsidios de programas como Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y apoyos asociados a la Unidad para las Víctimas. La Dijín indicó que las actividades de la estructura se habrían reconstruido desde 2023 hasta la actualidad.
Cómo operaba el fraude en subsidios del DPS: suplantación y manipulación de huellas
Las autoridades sostienen que el mecanismo clave del fraude consistía en intervenir los controles biométricos usados para validar a los beneficiarios. De acuerdo con la investigación, los presuntos responsables ingresaban de manera ilegal al software diseñado para enrolar huellas dactilares y luego reemplazaban esos registros por los de integrantes de la red.
Después de alterar los registros biométricos, los investigados acudían a los puntos de cobro haciéndose pasar por los titulares reales de los subsidios para retirar el dinero. La Dijín señaló que los peritos judiciales realizaron cotejos dactiloscópicos que permitieron detectar el acceso ilegal al software y la sustitución de huellas.
Los investigadores identificaron a alias “Yeimar” como el presunto líder del grupo. Según las autoridades, la organización tenía roles definidos, con personas encargadas de reclutar colaboradores, falsificar documentos, ejecutar suplantaciones y realizar los cobros de las ayudas estatales.
Incautaciones, cargos imputados y búsqueda de más posibles implicados
Durante los allanamientos, los investigadores incautaron nueve computadores, ocho celulares y tres discos duros, elementos que serán sometidos a análisis forense para determinar el alcance de las operaciones y eventuales conexiones con otras personas. También hallaron máquinas laminadoras, lectores biométricos y lectores de códigos de barras, entre otros equipos.
Según la Dijín, la red habría comenzado en Medellín y otros municipios de Antioquia, y luego expandió sus actividades hacia ciudades como Ibagué, Montería y Barranquilla, donde buscó ampliar el acceso a plataformas informáticas y captar personas que facilitaran los retiros del dinero.
Los 11 capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, que legalizó las detenciones. La Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático, abuso de confianza calificado y falsedad personal. Las autoridades afirmaron que la investigación sigue para ubicar a otros posibles integrantes y colaboradores, incluidos funcionarios que habrían entregado información privilegiada para facilitar el fraude.













