La Red de Veedurías Ciudadanas solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar si el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, estaría interviniendo en contratación estatal, nombramientos y decisiones administrativas desde su lugar de reclusión en Cali.
Qué se denuncia
La alerta parte de información entregada a las autoridades sobre el uso de un abonado telefónico —ya reportado ante la Procuraduría— desde el cual Abadía presuntamente estaría exigiendo direccionamiento de contratos, influyendo en nombramientos burocráticos y favoreciendo intereses particulares.
Según la denuncia, también habría intervención en decisiones administrativas y alineamientos políticos con actores locales, lo que configuraría un posible esquema de tráfico de influencias.
Cómo operaría la red
El documento indica que las comunicaciones se realizarían a través de intermediarios que actuarían como enlaces en distintas entidades. Entre los nombres mencionados aparecen:
- Guadalupe Guerrero, presuntamente vinculada a EMCALI, quien buscaría recursos.
- Diego Hau, señalado como posible director de UASPEM, quien coordinaría contratos.
- Luz Adrianne Zúñiga, quien, según la denuncia, estructuraría investigaciones usadas para presionar funcionarios.
Estas actuaciones incluirían presiones a alcaldes, funcionarios públicos y contratistas, así como acuerdos con dirigentes políticos.
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El punto crítico: comunicaciones desde un centro de reclusión
Uno de los elementos más sensibles es la mención de la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez como posible lugar desde el cual se facilitarían las comunicaciones.
De confirmarse, no solo habría responsabilidad penal individual, sino también fallas en los controles institucionales dentro del centro de reclusión.
Hasta ahora, las autoridades no han confirmado una investigación formal. Sin embargo, la gravedad de los hechos podría derivar en actuaciones urgentes de la Fiscalía para verificar las denuncias y determinar responsabilidades.
