El Ministerio de Trabajo ha intervenido en el conflicto laboral entre la empresa Afinia, filial del Grupo EPM, y el sindicato Sintraelecol, con el fin de promover una salida concertada que beneficie tanto a los trabajadores como a la compañía.
En una reunión sostenida recientemente con el viceministro de Trabajo, Pavel Santo Domingo, miembros del sindicato Sintraelecol expusieron las problemáticas derivadas del pliego de peticiones presentado a la empresa Caribe Mar de la Costa – Afinia. Según los representantes sindicales, la voluntad de diálogo está sobre la mesa, siempre que se respeten las garantías constitucionales y legales del derecho a la negociación colectiva.
El Ministerio se comprometió a citar a la empresa para abrir un espacio de concertación, en búsqueda de acuerdos que garanticen la estabilidad laboral y el buen funcionamiento del sistema eléctrico en la región Caribe. Los trabajadores de las subdirectivas de Cesar, Sucre, Córdoba y Magangué expresaron su esperanza frente a la gestión del Gobierno Nacional, manifestando también que de no prosperar el diálogo, podrían ejercer su derecho a huelga.
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“Queremos que se nos reconozca nuestra labor y el compromiso con la región. La mayoría llevamos más de 30 años trabajando por un buen servicio eléctrico para todos los costeños”, afirmó Fabián Madrid, negociador del sindicato.
El sindicato también denunció presuntas irregularidades financieras en la gestión de Afinia y del Grupo EPM, solicitando que entidades como la DIAN, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo investiguen los movimientos financieros de la compañía. Según los voceros sindicales, la empresa alega una crisis económica para dilatar la negociación, pero consideran que podría tratarse de un caso de malos manejos internos.
Desde Sintraelecol, hacen un llamado a que se entienda que los procesos de negociación en Bolívar y el resto de subdirectivas son diferentes y no deben compararse entre sí.
El sindicato reafirmó su voluntad de llegar a acuerdos sin acudir a vías de hecho, pero insistió en que no renunciarán al derecho constitucional de defender sus peticiones laborales.
