Para verificar que las entidades públicas atiendan lo ordenado en el Decreto Ley 4633 de 2011, la Procuraduría General ordenó un seguimiento al enfoque étnico en la aplicación de la política pública de víctimas, pertenecientes a las comunidades indígenas.
En tal sentido, se notificó para la entrega de informes al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), entidad determinante en la articulación e implementación de estas políticas y programas.
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La Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos le solicitó requirió saber el número de comunidades indígenas beneficiadas con proyectos de reparación colectiva, el valor de los recursos invertidos, el número de espacios de diálogo y consulta en los que pueden expresar sus necesidades, así como la cantidad de servidores públicos capacitados para atenderlas de manera idónea.
Esta actuación preventiva se realiza para verificar que las instituciones públicas están cumpliendo con una participación inclusiva y equitativa, permanente y sin retrocesos, como lo dicta la política pública de víctimas pertenecientes a los pueblos indígenas.
(Colprensa)
