A medida que se acerca la fecha crucial para la adjudicación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Santander, surge una creciente preocupación debido a la participación de una empresa con antecedentes de corrupción en el proceso de licitación. De las dos uniones temporales que clasificaron, una enfrenta serios cuestionamientos debido a los antecedentes legales de uno de sus miembros clave.
La empresa en cuestión es Vitalimentos SAS, que posee el 60% de participación en la Unión Temporal (UT) en la licitación para el PAE. El representante legal de Vitalimentos SAS, Diego Fernando Morato, fue imputado el año pasado por delitos de peculado y falsedad en documento público. Estas acusaciones están relacionadas con supuestas irregularidades en el PAE del Meta en 2016, donde se alegó que la Unión Temporal involucrada falsificó facturas para obtener más de 1.500.000 pesos, involucrando entidades no relacionadas con el programa.
La denuncia de Morato ha reavivado el debate sobre la transparencia y la integridad en
la gestión del PAE en Santander. En este contexto, David Castrillón, diputado de Santander del Partido ASI, ha expresado su preocupación y solicitado una revisión exhaustiva del proceso de licitación. Castrillón hizo un llamado de atención urgente para garantizar que el próximo 3 de septiembre, cuando se seleccionará la entidad encargada de suministrar los alimentos a los niños este año, se mantenga un riguroso control sobre las propuestas y antecedentes de las empresas participantes.
“Esas facturas se utilizaron para presentar cuentas de obra en el Meta, y los recursos eran del programa de alimentación escolar. En lo que he podido revisar, esta entidad es la primera vez que participa en el PAE de Santander. Este programa debe ser tratado con la máxima seriedad para asegurar que los niños no se vean afectados”, declaró el diputado Castrillón.
El proceso de licitación para el PAE en Santander se enfrenta ahora a un escrutinio más intenso debido a estos antecedentes, y la comunidad espera que se tomen las medidas necesarias para asegurar la transparencia y la correcta administración del programa. La elección de la entidad encargada de suministrar el alimento será fundamental para garantizar que los recursos lleguen de manera efectiva a los estudiantes beneficiarios, sin comprometer la integridad del programa.