La liquidación del Ministerio de la Igualdad avanza mientras trabajadores de la entidad protestan por la incertidumbre laboral y se reabre el debate sobre el balance de una de las apuestas más visibles del gobierno de Gustavo Petro. La cartera llega a su cierre tras un revés jurídico y con cuestionamientos por ejecución y funciones duplicadas.
El origen legal que quedó invalidado y el plazo que dio la Corte
El Ministerio de la Igualdad y Equidad nació con un problema que terminó marcando su futuro. La entidad fue creada por la Ley 2281 de 2023, pero en mayo de 2024 la Corte Constitucional declaró inexequible esa norma por un vicio de procedimiento que consideró insubsanable.
Según la decisión, el Congreso aprobó la creación del ministerio sin el análisis de impacto fiscal exigido. Para el alto tribunal, no se expuso de forma clara el costo de abrir una nueva cartera ni la fuente de financiación correspondiente.
Aun así, la Corte permitió que el ministerio siguiera operando de manera temporal para evitar traumatismos institucionales. En ese marco fijó como límite el año 2026 para corregir el problema mediante una nueva ley. El Gobierno buscó impulsar de nuevo el proyecto, pero no logró consolidar el respaldo legislativo necesario.
Presupuesto y ejecución del Ministerio de la Igualdad, en cifras
El tamaño del presupuesto alimentó el debate desde el comienzo. Para 2024, el Ministerio de la Igualdad contó con una apropiación cercana a $1,5 billones de pesos, una cifra superior a la de varias carteras tradicionales.
Sin embargo, los cuestionamientos se centraron en la velocidad de ejecución. En los primeros meses de operación, la cartera registró los niveles más bajos del Gobierno Nacional y, en el primer trimestre de 2024, reportaba una ejecución de inversión de 0 %, según reportes divulgados en ese momento.
Las críticas continuaron hacia finales de 2024, cuando se conoció que buena parte de los recursos aún no se reflejaba en programas concretos. Informes periodísticos señalaron que, de un presupuesto cercano a $1,8 billones, los desembolsos habían sido limitados y el gasto se concentraba en funcionamiento y nómina.
Las dificultades, de acuerdo con reportes conocidos en 2026, persistieron durante 2025: la ejecución de inversión habría cerrado en niveles cercanos al cerca del 5 %. Ese dato fue leído como especialmente grave para una entidad creada para acelerar políticas sociales.
Funciones repetidas y un cierre que obliga a redistribuir tareas
Más allá de los números, otro foco fue la duplicidad institucional. Antes de la creación del ministerio, políticas dirigidas a mujeres, comunidades étnicas, juventudes, discapacidad y población vulnerable ya pasaban por entidades como el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el ICBF y ministerios como Interior, Trabajo y Educación, además de consejerías presidenciales.
En paralelo, el Gobierno defendió la cartera como un mecanismo para visibilizar poblaciones históricamente excluidas y coordinar programas de igualdad y equidad. El ministerio, según esa postura, avanzó en formulación de políticas públicas y estrategias territoriales; aun así, incluso sectores cercanos al Ejecutivo han reconocido que los resultados no quedaron en proporción con el presupuesto y las expectativas.
Con la entidad en liquidación, el Estado enfrenta una pregunta práctica y política: qué tan conveniente es crear nuevas estructuras sin estudios financieros sólidos y sin una delimitación clara de competencias. Por ahora, mientras siguen las protestas internas, el reto inmediato es reubicar funciones y programas, en buena medida, en instituciones que ya existían antes de 2023.
