La vigilancia de la Procuraduría a las EPS puso bajo la lupa a Mutual Ser, Emssanar, Proteger EPS (antes Cajacopi) y Nueva EPS, tras reportar barreras de acceso para pacientes y un deterioro financiero que, según el Ministerio Público, puede comprometer la continuidad del servicio y derivar en investigaciones por presuntas faltas disciplinarias.
Nueva EPS: pasivos por más de $22 billones y 40.668 tutelas en el primer trimestre de 2026
En sus resultados de vigilancia preventiva y control de gestión, la Procuraduría —a través de su Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social— concluyó que en Nueva EPS persiste un “riesgo sistémico y estructural” para garantizar el derecho fundamental a la salud y para la sostenibilidad financiera de la entidad.
El Ministerio Público señaló que los estados financieros de la EPS aún no cuentan con dictamen favorable de la revisoría fiscal. Además, reportó que, con corte a 2024, registra pasivos superiores a $22 billones y pérdidas acumuladas que superan los $11 billones. A eso sumó la alta rotación de agentes especiales interventores: cinco en un periodo de 24 meses.
En el frente de acceso, la Procuraduría advirtió un deterioro progresivo de indicadores. Para el primer trimestre de 2026, indicó que hubo 40.668 acciones de tutela, cifra que equivale al 60% del total de tutelas presentadas durante toda la vigencia 2023. También informó 10.031 incidentes de desacato, con cerca del 36% aún sin atender.
Quejas, tutelas y demoras: las barreras que la Procuraduría ve como problemas estructurales
Más allá de las particularidades de cada aseguradora, la Procuraduría afirmó que estas EPS comparten fallas estructurales que siguen afectando la prestación oportuna y efectiva de los servicios de salud. Entre ellas, destacó un incremento sostenido de peticiones, quejas y reclamos (PQR), tutelas e incidentes de desacato.
De acuerdo con los hallazgos, los reclamos se asocian principalmente a demoras en la asignación de citas médicas especializadas, dificultades para autorizar servicios y tecnologías en salud, retrasos en la entrega de medicamentos y otras barreras administrativas que limitan el acceso efectivo a la atención.
El informe incluye presuntas responsabilidades del Ministerio de Salud y la Supersalud
Los resultados divulgados por la Procuraduría también incorporaron posibles líneas de responsabilidad disciplinaria que no se limitan a las EPS. En particular, mencionó presuntas responsabilidades del Ministerio de Salud y Protección Social por una posible inactividad en la promulgación de directrices orientadas a optimizar el flujo de recursos dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
En el mismo sentido, el Ministerio Público incluyó presuntas responsabilidades de la Superintendencia Nacional de Salud por falencias en sus procesos de inspección, vigilancia y control frente a estas aseguradoras, así como en el seguimiento a los agentes interventores designados para administrarlas.
