La norma sismorresistente en Colombia volvió al centro del debate tras el doblete sísmico en Venezuela que se sintió en ciudades como Cúcuta, Bucaramanga, Medellín y Bogotá. Mientras la UNGRD destaca fortalezas operativas para atender emergencias, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS) advirtió que los mayores vacíos están en los edificios anteriores a 1984, cuyo refuerzo suele frenarse por costos.
Edificios anteriores a 1984, el mayor foco de riesgo
En entrevista con Mañanas Blu, Gilberto Areiza, presidente ejecutivo de la AIS, respondió que Colombia no está “no muy bien” en estadísticas de actualización de edificaciones frente a un sismo de gran magnitud. El ingeniero apuntó al factor económico como el principal obstáculo para reforzar estructuras antiguas.
Areiza explicó que la línea normativa marca diferencias claras: las edificaciones construidas después de 1984 suelen tener un mejor nivel de seguridad, a partir de la Ley 400 del 7 de junio de 1984, que luego tuvo actualizaciones en 1998 y 2010 (NSR-10). En cambio, los inmuebles anteriores a 1984 concentran el mayor riesgo, porque su desempeño depende de la rigurosidad del constructor de la época.
Como ejemplo, mencionó el Hospital San Juan de Dios en Cali, una estructura construida en 1829 que calificó como indispensable y en la que no se han podido realizar mayores intervenciones por falta de recursos. Según Areiza, el camino técnico pasa por un estudio de vulnerabilidad estructural, que evalúa el comportamiento del inmueble frente a la norma vigente y plantea una ruta de rehabilitación.
Bajo la ley colombiana, hospitales, centros de emergencia y otras edificaciones indispensables están obligados a realizar estas actualizaciones para garantizar que sigan funcionando tras un desastre. En el sector residencial privado, en cambio, la inversión depende de las copropiedades.
UNGRD: fortaleza operativa, pero reto en preparación ciudadana
En entrevista con El Tiempo, Javier Pava, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), afirmó que Colombia tiene “mayor capacidad” para atender situaciones asociadas a terremotos, por lecciones aprendidas en emergencias previas. Aun así, señaló retos importantes en la preparación ciudadana frente a eventos de gran magnitud.
Pava también resaltó el marco legal que regula diseño, materiales y métodos de construcción, y lo ubicó como un factor que ayuda a reducir vulnerabilidad. En su explicación, lo describió como una normativa vigente desde la década de 1990, en línea con la evolución que, según la AIS, se inició con la Ley 400 de 1984 y sus posteriores actualizaciones.
La UNGRD recordó que Colombia es un territorio altamente sísmico por su ubicación y cercanía a numerosas fallas geológicas. Por eso, insistió en fortalecer la cultura ciudadana para que, ante un sismo, la reacción adecuada evite que el pánico genere afectaciones adicionales.
En esa tarea, Pava destacó la labor del Servicio Geológico Colombiano (SGC) por su monitoreo en tiempo real. Además, las autoridades invitan a reportar si un temblor fue sentido a través de la plataforma oficial del SGC, una herramienta comunitaria para mapear los efectos del evento.
Actualización normativa y control de obra: el siguiente frente técnico
Areiza subrayó que un diseño estructural correcto en los planos no garantiza por sí solo que una edificación resista un terremoto si falla la supervisión técnica durante la construcción. En su análisis, el “talón de Aquiles” suele estar en el control de obra.
Entre los errores críticos mencionó el mal curado del concreto. De acuerdo con el experto, cuando ese proceso no se ejecuta bien en la obra, el material puede perder hasta un 50% de la resistencia prevista en el diseño, lo que deja la estructura en alta vulnerabilidad.
En paralelo, la AIS informó que trabaja con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en una nueva propuesta para actualizar la norma, con el objetivo de mantener los estándares científicos aplicados a la sismorresistencia en el país.
