La situación de orden público en el corazón de Bogotá ha escalado a un nuevo nivel de tensión. Este 29 de abril de 2026, el Gobierno Nacional emitió un contundente pronunciamiento frente a las acciones de hecho adelantadas por la comunidad Embera Catío en las sedes de Bancol y el BIP. Lo que inició como una mesa de concertación por derechos básicos, se ha transformado en un bloqueo que afecta a más de 1.200 ciudadanos.
Del diálogo a las agresiones: El origen del conflicto
Desde hace 15 días, familias asentadas en la UPI Florida, conformadas principalmente por mujeres y menores, iniciaron protestas exigiendo soluciones en salud, infancia, desarrollo económico y retorno seguro a sus territorios.
Aunque el Ministerio del Interior facilitó mesas de trabajo los días 16, 17, 20 y 21 de abril con presencia del Gobierno Nacional y Distrital, el enfoque de los manifestantes cambió drásticamente. Según el comunicado oficial, los líderes indígenas centraron sus exigencias únicamente en un cambio inmediato de albergue, negándose a retornar a la UPI Florida.
Puntos críticos de la negociación
La oferta del Gobierno: La Sociedad de Activos Especiales (SAE) puso a disposición inmuebles para reubicación, pero aclaró que el proceso administrativo requiere entre tres y seis meses.
El rechazo indígena: Los manifestantes exigieron una solución instantánea y, ante la imposibilidad técnica, se retiraron del diálogo bloqueando nuevamente las entidades.
Afectación a servidores: Se han reportado agresiones físicas contra funcionarios públicos durante los bloqueos en la sede Bancol.
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Preocupación por la infancia y la «instrumentalización»
Uno de los puntos más sensibles del reporte oficial es la situación de los niños, niñas y adolescentes. El Gobierno manifestó su profunda preocupación por lo que califica como una «instrumentalización» de los menores por parte de algunos líderes, obligándolos a permanecer en la vía pública.
A pesar de que la Secretaría Distrital de Integración Social y el ICBF mantienen una oferta permanente para proteger a la infancia, el acceso a estos servicios ha sido limitado por quienes encabezan la protesta.
Un llamado al respeto de los derechos ciudadanos
El Gobierno Nacional fue enfático: aunque se respeta el derecho constitucional a la protesta, no se permitirá que este vulnere los derechos de terceros. Con más de un millar de personas atrapadas o afectadas dentro de los edificios bloqueados, el Estado insiste en que no hay sustento para acudir a las vías de hecho cuando los canales de comunicación han permanecido abiertos.
Por ahora, el bloqueo persiste y las vías de acceso a las sedes ministeriales continúan cerradas, dejando en el aire el futuro del retorno de esta comunidad a sus tierras ancestrales o su reubicación definitiva en la capital.
