La jornada de protestas del pasado miércoles 29 de abril en el centro de Bogotá dejó un balance que va más allá de los daños materiales. La opinión pública se encuentra conmocionada tras la difusión de videos que muestran a menores de edad siendo utilizados como «escudos humanos» durante los choques entre indígenas Embera y la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).
Acciones penales por instrumentalización de menores
Ante la contundencia de las pruebas audiovisuales, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, confirmó la apertura de procesos judiciales. En las grabaciones se observa cómo adultos se resguardan detrás de niños pequeños para frenar el avance de las autoridades frente a la sede del Ministerio del Interior.
“Lo de hoy realizado en las inmediaciones de Mininterior es de las peores formas de utilización que puede hacer un adulto con un niño; es un DELITO”, sentenció la funcionaria.
El Gobierno Nacional cierra filas en defensa de la niñez
El rechazo ha sido unánime desde los más altos niveles del Estado:
Gustavo Petro: El mandatario fue tajante al afirmar que los niños y niñas son prioridad y que no admite este tipo de conductas bajo ninguna circunstancia.
Armando Benedetti: El ministro del Interior calificó la situación como crítica, informando que los manifestantes bloquearon la salida de cerca de 1.200 funcionarios en edificios como Icetex y Bancolombia.
ICBF: La entidad reveló que, previo a los desmanes, ofreció albergue y alimentación para los menores para evitar su exposición al riesgo, pero la oferta fue rechazada por los líderes indígenas.
Tambien le puede interesar: Indígenas Embera mantuvieron bloqueos frente el MinInterior y el Gobierno denuncia vías de hecho
Un conflicto que escala tras 15 días de bloqueos
Lo ocurrido este 29 de abril es el punto máximo de tensión tras dos semanas de protestas de familias asentadas en la UPI Florida. Aunque inicialmente las peticiones giraban en torno a temas de retorno y desarrollo económico, las demandas se centraron finalmente en un cambio inmediato de albergue.
El Gobierno planteó la entrega de inmuebles a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pero aclaró que el trámite administrativo tomaría entre tres y seis meses, propuesta que fue rechazada por la comunidad exigiendo soluciones instantáneas.
Desmanes y retenciones en el centro
Durante los enfrentamientos se reportaron vidrios rotos y la retención de aproximadamente 200 ciudadanos dentro de las sedes Bancol y BIP. Algunos funcionarios atrapados llegaron a lanzar mensajes escritos por las ventanas solicitando ayuda para salir del lugar.
Mientras el líder indígena Libaniel Queragama sostiene que no hay voluntad de diálogo, el Estado insiste en que el restablecimiento de los derechos de los niños afectados es la prioridad inmediata antes de cualquier nueva negociación.
