Medidas de la JEP para proteger pueblos; La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó medidas cautelares con enfoque étnico y ordenó más de 25 acciones urgentes dirigidas a entidades del Estado para evitar el exterminio físico y cultural de pueblos indígenas y afrocolombianos acreditados como víctimas en el Caso 05, que investiga hechos de violencia en 19 municipios del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca.
La decisión judicial fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad tras escuchar denuncias presentadas durante encuentros interculturales realizados en Santander de Quilichao y en una audiencia pública celebrada en Popayán.
En dichos espacios, representantes de las comunidades relataron asesinatos selectivos, amenazas, desplazamientos, reclutamiento de menores y afectaciones a sus prácticas culturales y sistemas de justicia propios.
Las órdenes están dirigidas a más de 15 instituciones, entre ellas los ministerios del Interior, Defensa, Educación, Salud, Agricultura, Ambiente y Cultura; además del ICBF, la Unidad de Protección, la Fiscalía y el DANE. Estas entidades deberán implementar medidas de seguridad, fortalecimiento institucional y desarrollo integral, concertados previamente con autoridades indígenas y afrocolombianas.
El magistrado Raúl Eduardo Sánchez, ponente del Auto 004 de 2025, explicó que las acciones se agrupan en cuatro áreas: seguridad personal, reclutamiento forzado, enfoque étnico y seguridad humana.
Entre las medidas se encuentran la entrega de bienes extintos para fortalecer a las Guardias Cimarronas, el impulso de un sistema de información autónomo afrocolombiano, la creación de casas de cultura, protocolos para prevenir el reclutamiento infantil y la formulación de un acto legislativo para regular la jurisdicción afrocolombiana.
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Durante la audiencia pública, representantes de los pueblos denunciaron la intensificación de la violencia desde la firma del Acuerdo Final de Paz. Autoridades indígenas alertaron sobre señalamientos, estigmatización y asesinatos de líderes comunitarios.
Señalaron que el control territorial por parte de grupos armados ilegales impide el ejercicio de la autonomía y obliga al confinamiento de comunidades enteras.
Las organizaciones afrocolombianas también reclamaron la falta de presencia institucional y denunciaron una crisis humanitaria en municipios como Jamundí, Florida y Palmira. Solicitaron que se reconozcan y fortalezcan sus prácticas culturales, el acceso a tierra y salud, y que se implementen acciones concretas contra el reclutamiento y el desplazamiento.
El proceso incluyó la participación de 129 sujetos colectivos: 45 pueblos indígenas, 67 consejos comunitarios y 8 organizaciones de víctimas. En total, más de 180.000 personas han sido acreditadas en el Caso 05. La JEP ordenó a la UNP y la Unidad de Investigación y Acusación implementar las medidas cautelares, así como coordinar con organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La magistratura enfatizó que estas medidas buscan respuestas estructurales y sostenibles, respetuosas de los sistemas propios de justicia y convivencia, para garantizar la pervivencia de las comunidades en sus territorios ancestrales.
La Sala reiteró que el cumplimiento del Acuerdo de Paz requiere una presencia estatal integral y permanente que reconozca la centralidad de las víctimas y los territorios étnicos como pilares de la paz duradera en Colombia.
(Colprensa)
