La estabilidad institucional de la principal empresa de los colombianos vuelve a quedar en el centro del debate público. La Red de Veedurías de Colombia lanzó una contundente advertencia al país tras revelar un paquete de denuncias que apuntan de forma directa a posibles irregularidades en la Vicepresidencia de Ecopetrol, específicamente en el área de Downstream, liderada por el alto ejecutivo Felipe Trujillo López.
Los señalamientos, que provienen de reportes anónimos entregados presuntamente por los propios trabajadores de la estatal petrolera, ya fueron radicados formalmente ante la línea de ética de la compañía. De acuerdo con la información revelada, Trujillo acumularía múltiples alarmas internas asociadas a supuestos manejos contractuales opacos, vínculos indebidos con firmas contratistas, posesión de bienes suntuosos y un inusual flujo de altas sumas de dinero en efectivo; datos que, según el reporte ciudadano, habrían permanecido engavetados o bajo reserva en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Contratos «express» por 2.000 millones de dólares en la mira
El núcleo más preocupante de la denuncia ciudadana gira en torno a supuestas presiones internas para acelerar y amarrar una serie de macro-contratos en tiempo récord. Las alertas indican que se pretenden comprometer más de 2.000 millones de dólares en momentos complejos: en plena vigencia de la ley de garantías y justo antes de que se consolide la transición hacia un nuevo gobierno corporativo en la empresa.
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Los polémicos contratos civiles y comerciales estarían dirigidos a las siguientes áreas estratégicas:
Labores de mantenimiento técnico en las plantas de producción y refinerías clave, entre ellas la planta LBCC ubicada en Barrancabermeja.
La estructuración y ejecución del plan de abastecimiento integral de la petrolera.
Un elemento que ha despertado profunda suspicacia entre los veedores es la vigencia de estos compromisos económicos. Las proyecciones contractuales apuntan a un término inicial de cinco años, pero con cláusulas que abren la posibilidad de extender el monopolio del servicio hasta por ocho años.
El llamado urgente a las autoridades y la protección de los trabajadores
Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, fue enfático en señalar que, si bien la organización siempre ha buscado proteger la reputación y estabilidad de la compañía, es un deber ciudadano activar los protocolos de denuncia pública cuando se detectan conductas de riesgo. El vocero invitó a la ciudadanía a unirse activamente en las tareas de control de los recursos públicos.
Ante la gravedad del escenario expuesto, la veeduría radicó solicitudes urgentes ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría General de la República. El objetivo principal de este llamado es que los entes de control penal, disciplinario y fiscal abran las investigaciones de rigor de manera inmediata, pongan la lupa sobre las licitaciones en curso de la Vicepresidencia Downstream y, por encima de todo, diseñen un esquema de plenas garantías para salvaguardar la identidad y estabilidad de los empleados que decidieron romper el silencio.
