La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la petición del gobierno de Donald Trump para levantar el freno judicial a su plan de restringir el voto por correo. La decisión mantiene los procedimientos vigentes antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
El freno al voto por correo
El máximo tribunal dejó en pie la orden de una instancia inferior que había detenido la iniciativa presidencial. Solo dos de los seis magistrados conservadores, dentro de una corte de nueve integrantes, expresaron su desacuerdo con la resolución.
El juez Brett Kavanaugh acompañó a la mayoría con una opinión concurrente. Consideró que el plan de Trump podría ser legal a largo plazo, pero advirtió que “los funcionarios electorales estatales y locales no tienen tiempo suficiente para aplicar razonablemente la norma antes de las elecciones”.
La medida cuestionada surgió de una orden ejecutiva firmada en marzo. Trump había sostenido, sin presentar evidencia, que el voto por correo es vulnerable al fraude. Estados dirigidos por demócratas llevaron el caso ante la Justicia al argumentar que la Constitución otorga a los estados, y no al gobierno federal, el control sobre la organización electoral.
La orden exigía elaborar listas de votantes habilitados para que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) entregara las papeletas únicamente a quienes figuraran en esos registros. También contemplaba un diseño uniforme de sobres y el envío de los padrones a un portal digital.
Boletas ya enviadas en estados
Con el bloqueo judicial, los estados pueden continuar remitiendo boletas por correo bajo los procedimientos utilizados hasta ahora. Varios de ellos, entre ellos Carolina del Norte, ya iniciaron esos envíos; Alabama y Wisconsin también comenzaron a despachar papeletas en los últimos días.
El fallo tiene incidencia en un país donde casi un tercio de los votantes utiliza esta modalidad. Ocho estados realizan sus comicios casi exclusivamente por correo, incluidos California, Nevada, Utah y Oregón.
Funcionarios electorales habían advertido que la falta de claridad jurídica sobre la iniciativa generaba dificultades organizativas en las semanas previas a los comicios. Un informe de un denunciante del USPS alertó, además, que los requisitos del nuevo sistema podían impedir el envío de millones de boletas por correo por deficiencias en el portal y errores en los códigos de barras.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) calificó la decisión como una victoria para los derechos electorales y la integridad de las elecciones. Su directora del proyecto de derechos electorales, Sophia Lin Lakin, afirmó que la administración ha puesto a prueba los límites de su poder frente a las reglas que rigen los comicios.
La Corte no resolvió de forma definitiva la legalidad del plan. La discusión sobre eventuales restricciones futuras permanece abierta, mientras las autoridades electorales avanzan con las reglas actuales para la votación legislativa de noviembre.
