La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo Cañavera, denunció ante la Fiscalía presuntas amenazas y hostigamientos en redes sociales mientras revisa la contratación de la entidad, incluidos procesos de administraciones anteriores.
Contratación del ICBF bajo revisión
La revisión comprende los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. De acuerdo con cifras divulgadas por el ICBF, su número pasó de 6.427 en 2022 a 9.795 en 2024. La entidad busca establecer la necesidad de esos contratos, así como su ejecución y sus resultados.
Otro frente corresponde a los operadores de atención a la primera infancia. En agosto, el ICBF informó que había encontrado contratos vencidos en 11 departamentos y operadores con procesos sancionatorios activos. La administración advirtió sobre posibles irregularidades relacionadas con esos servicios, que también serían objeto de revisión.
El aumento en el número de contratos y los hallazgos anunciados son asuntos distintos dentro del examen de la entidad. Las revisiones no establecen, por sí mismas, que todos los contratos cuestionados sean irregulares. Su alcance dependerá de lo que se determine sobre cada proceso.
Denuncia de María Carolina Restrepo
En paralelo a la revisión administrativa, Restrepo acudió a la Fiscalía General de la Nación para denunciar presuntas amenazas, hostigamientos e injurias provenientes de perfiles en redes sociales. La presentación de la denuncia no equivale a una determinación sobre la existencia de delitos o la responsabilidad de quienes publicaron los mensajes.
La directora afirmó que algunos mensajes difundieron información sobre su ubicación y expresaron la intención de acercarse a ella. Consideró que esas publicaciones eran preocupantes para su seguridad. Corresponde a las autoridades establecer si las conductas denunciadas constituyen delitos.
Restrepo también cuestionó la circulación de un video de su intervención ante la Comisión Séptima del Senado. Según la funcionaria, el material habría sido editado de una manera que alteró el contexto de sus declaraciones. Esa afirmación forma parte de los hechos sometidos a investigación.
La revisión contractual y la denuncia por los mensajes en redes avanzan en planos diferentes. Hasta el momento, las actuaciones descritas no permiten establecer una relación entre los críticos de la directora y los operadores del ICBF. Las autoridades deberán determinar el alcance de las conductas denunciadas, mientras la entidad examina la contratación y la operación de los servicios.
