Un proyecto de ley impulsado por el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas propone que hogares de bajos ingresos compren vivienda sin ahorrar previamente la cuota inicial. El esquema combina subsidio estatal y crédito hipotecario, con una mensualidad estimada de $700.000. La iniciativa ya fue radicada en la Cámara de Representantes, pero aún debe superar el trámite legislativo.
Cárdenas presentó como ejemplo una vivienda de interés prioritario de aproximadamente $150 millones. Bajo ese cálculo, el Gobierno aportaría $50 millones para la cuota inicial y la familia financiaría los $100 millones restantes mediante un crédito. El exministro estimó que el inmueble tendría unos 42 metros cuadrados, dos habitaciones, sala-comedor, baño y cocina.
La cuota mensual cercana a $700.000 es una estimación, no un valor garantizado para todos los compradores. El proyecto contempla financiación de hasta 30 años y una cobertura estatal de hasta cinco puntos porcentuales de la tasa de interés durante siete años. El pago dependería de las condiciones del crédito y de los beneficios aplicables a cada hogar.
El Proyecto de Ley 455, radicado por el Partido Conservador y el movimiento Avanza Colombia, plantea un subsidio de hasta 30 salarios mínimos para vivienda de interés prioritario urbana o rural. Ese aporte podría cubrir la cuota inicial y gastos asociados con la compra, como los trámites notariales, el registro y las garantías.
La iniciativa se dirige principalmente a hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos. Cárdenas sostiene que busca atender a familias capaces de pagar un arriendo mensual, pero sin ahorro suficiente para la cuota inicial. El esquema también propone una garantía del Fondo Nacional de Garantías de hasta el 70 % del crédito durante diez años.
Los trabajadores informales podrían acreditar su capacidad de pago con registros distintos de una certificación laboral. La propuesta incluye el historial de arriendo, los recibos de servicios públicos y los movimientos financieros entre los elementos que servirían para evaluar una solicitud de crédito.
También prioriza a mujeres cabeza de hogar, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado y habitantes de zonas rurales. Para las primeras, el texto plantea un punto porcentual adicional de cobertura de intereses, que elevaría el alivio hasta seis puntos porcentuales. Los criterios de acceso deberán definirse antes de que el mecanismo pueda aplicarse.
El nuevo esquema se plantea como complemento de Mi Casa Ya. Los hogares que esperan la asignación de un subsidio de ese programa podrían solicitar voluntariamente el traslado si cumplen los requisitos; quienes ya tengan uno asignado conservarían sus condiciones. Cárdenas señaló que un comprador no podría acumular varios subsidios estatales para un mismo inmueble.
La financiación pública también dependería del número de viviendas cubiertas. En los cálculos expuestos por Cárdenas, subsidiar 10.000 inmuebles con aportes de $50 millones por unidad requeriría $500.000 millones. Es un ejemplo de costo, no una partida presupuestal aprobada. El proyecto deberá pasar por la Comisión Tercera de la Cámara y los debates del Congreso antes de convertirse en ley.
