Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se prepararían para transferir al Comando Sur la mayoría de los drones MQ-9 que operan actualmente en África, con el objetivo de reforzar operaciones contra el narcotráfico y el “terrorismo” en Sudamérica.
El traslado se produciría mientras integrantes de la Administración de Donald Trump han planteado públicamente ampliar las operaciones terrestres y coordinar acciones con gobiernos aliados sudamericanos. Se desconoce la cantidad de aeronaves que cambiarían de mando, aunque personas familiarizadas con la planificación indicaron que sería “la mayoría” de los aparatos desplegados en África.
Los MQ-9 Reaper son empleados para labores de inteligencia y ataques de precisión. Estados Unidos ya había reforzado el año pasado su presencia militar en el Caribe con estos drones, cazas F-35 y al menos un avión de ataque terrestre AC-130, dentro de una campaña dirigida a interceptar embarcaciones que Washington vinculaba con el tráfico de drogas.
Ecuador tendría un papel relevante en el nuevo esquema. El país comenzó este año operaciones militares conjuntas con Estados Unidos contra “organizaciones terroristas designadas”, de acuerdo con las autoridades de ambas naciones. La planificación también contempla posibles acciones en territorio ecuatoriano.
La cooperación de seguridad con países latinoamericanos se ha fortalecido e incluye a Chile, Ecuador, Perú, Panamá y Colombia. A comienzos de septiembre, Bogotá solicitó apoyo estadounidense con drones MQ-9A Reaper, radares y otras herramientas para reforzar su estrategia contra el narcotráfico.
El movimiento reduciría parte de la presencia militar estadounidense en África, donde permanecen activas organizaciones como Estado Islámico y al-Shabaab. Washington prevé conservar ataques y operaciones conjuntas contra esos grupos, pero funcionarios consultados advirtieron que retirar drones MQ-9 podría dificultar la continuidad de algunas acciones.
La prioridad definida por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la estrategia publicada en enero fue la protección de Estados Unidos y del hemisferio occidental. En ese marco, las operaciones militares estadounidenses en África han quedado por detrás de otros frentes que Washington mantiene en Europa, Medio Oriente y el Indo-Pacífico.
El eventual envío coincide con un dictamen de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia que defendió una interpretación amplia de las facultades presidenciales para usar la fuerza contra determinados cárteles. El análisis sostenía que el Gobierno podría recurrir a fuerza letal ante una amenaza inminente para ciudadanos estadounidenses y contemplaba operaciones militares prolongadas contra grupos incluidos en una lista no pública.
Expertos en derecho interpretaron que esa postura permitiría tratar a ciertos narcotraficantes como “combatientes enemigos” y ordenar acciones letales sin revisión judicial previa. La discusión se da tras operaciones estadounidenses, propias o coordinadas con gobiernos latinoamericanos, contra embarcaciones en el Pacífico y el Caribe.
Esa campaña ha dejado al menos 227 personas muertas, de acuerdo con reportes citados. Estados Unidos sostiene que los ataques apuntaron a embarcaciones vinculadas al narcotráfico, aunque ha difundido información limitada para acreditar que todos los atacados pertenecían a organizaciones criminales; familiares de algunos tripulantes afirmaron que eran pescadores.
Con el traslado previsto, el alcance de la cooperación entre Washington y sus aliados latinoamericanos dependerá de las operaciones que se definan contra grupos armados y redes del narcotráfico, así como de los marcos jurídicos aplicables al uso de la fuerza.
