El Consejo de Ministros aceptó la recusación contra el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, quien quedó impedido para intervenir en asuntos sobre la delimitación de Santurbán y la reserva de la microcuenca de La Baja.
Alcance del impedimento
La determinación fue tomada durante la sesión del Consejo de Ministros del 10 de septiembre y comunicada en un oficio de la Oficina Jurídica del Ministerio de Ambiente fechado el 16 de septiembre. El expediente de la recusación había sido remitido el 25 de agosto al Departamento Administrativo de la Presidencia para el trámite correspondiente.
El impedimento cubre las decisiones relacionadas con la delimitación del Complejo de Páramos Jurisdiccionales Santurbán–Berlín dentro de la Zona de Reserva Temporal de recursos naturales renovables. También abarca la actuación sobre la reserva definitiva de la microcuenca de la quebrada La Baja, en California, Santander.
La solicitud fue presentada por el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. La organización sostuvo que las acciones y pronunciamientos de Arjona reflejaban una “abierta parcialidad frente a Aris Mining y su proyecto minero Soto Norte”, por lo que cuestionó su imparcialidad en el proceso.
Delimitación del páramo de Santurbán
El impedimento se produce después de que el Ministerio de Ambiente revocara la resolución que había declarado como reserva definitiva de recursos naturales renovables una zona de 1.499 hectáreas de la microcuenca de La Baja. La medida hacía parte de una de las delimitaciones de Santurbán dejadas por el gobierno de Gustavo Petro.
La Resolución 0994, expedida el 6 de agosto, establecía restricciones para nuevas concesiones y licencias de minería a mediana y gran escala en el área. Posteriormente, el Ministerio revocó esa decisión mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026.
La cartera explicó que la revocatoria buscaba corregir irregularidades identificadas en el trámite y atender una orden del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga para reiniciar el proceso. El Ministerio señaló que debía garantizarse la validez, transparencia y participación ciudadana, tras identificarse una posible vulneración de derechos fundamentales de habitantes de California.
Además, indicó que la resolución de reserva había sido emitida mientras estaba admitida una tutela por posible vulneración de derechos y seguía pendiente una recusación contra Irene Vélez, entonces ministra encargada. La entidad anunció una nueva evaluación técnica y jurídica integral sobre la protección del área.
El Comité Santurbán no cuestionó que la consulta tuviera fallas, pero rechazó la revocatoria como salida al trámite. Para la organización, “la salida era reabrir la participación ciudadana, no eliminar la protección”, y por ello pidió reactivar de inmediato la consulta pública sobre la resolución revocada.
Como parte de sus acciones, el colectivo presentó una solicitud de medidas cautelares ante el Tribunal Administrativo de Santander y entregó más de 50.000 firmas en respaldo a esa petición. El Comité anunció que continuará siguiendo las decisiones sobre Santurbán y convocó a una asamblea general.
Santurbán es una fuente hídrica estratégica para más de 2,5 millones de personas en Santander y Norte de Santander. La discusión sobre su delimitación continúa mientras el Ministerio adelanta la evaluación anunciada, sin la intervención de Arjona en esos asuntos.
