El presidente Abelardo de la Espriella impartió instrucciones para crear un protocolo nacional que defina la actuación de las autoridades ante hechos de violencia en universidades públicas. La medida prevé a la Policía Nacional como primera autoridad operativa y diferencia esos escenarios de la protesta pacífica amparada por la Constitución y la ley.
Criterios para la actuación
El mecanismo deberá establecer criterios para distinguir las manifestaciones pacíficas de situaciones que involucren violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público. De la Espriella anunció la decisión durante una alocución difundida a través de sus redes sociales.
El mandatario afirmó que su Gobierno respetará y garantizará las movilizaciones que se desarrollen dentro del marco constitucional y legal. A la vez, señaló que el Estado deberá responder de manera distinta ante conductas que calificó como terrorismo urbano, vandalismo, destrucción de infraestructura y ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.
La Policía Nacional será la primera autoridad operativa para atender los casos contemplados en el protocolo, de acuerdo con el anuncio presidencial. Su intervención dentro de los campus quedaría contemplada cuando se presenten hechos violentos o se preparen actos vandálicos o terroristas.
Autonomía universitaria y orden público
De la Espriella sostuvo que la autonomía de las universidades no excluye la competencia de las autoridades en asuntos de orden público. En ese sentido, afirmó que los campus no son territorios sustraídos de la Constitución, la ley ni la autoridad legítima del Estado.
El presidente indicó que la decisión busca proteger a quienes acuden a las instituciones para estudiar, debatir y protestar pacíficamente, además de los integrantes de la Fuerza Pública y la población civil. También afirmó que las universidades deben ser espacios para el conocimiento, las ideas y el debate.
Durante su intervención, el mandatario señaló que las autoridades perseguirán a quienes usen los campus para preparar ataques, almacenar elementos destinados a la violencia o agredir a ciudadanos y miembros de la Fuerza Pública. Añadió que la autonomía universitaria no es una patente de impunidad.
El anuncio no modifica por sí mismo las condiciones de actuación: el siguiente paso planteado por el Gobierno es la elaboración del protocolo nacional de actuación, que deberá definir las circunstancias en las que las autoridades podrán intervenir ante hechos que excedan el ejercicio de la protesta pacífica.
