El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, defendió ante las comisiones económicas del Congreso que las entidades del sector dejen de referirse al campesinado con ese término y adopten la expresión “pequeños empresarios del campo”, bajo el argumento de elevar el estatus de quienes producen alimentos.
El cambio de denominación
Dangond confirmó que la Agencia Nacional de Tierras recibió la instrucción de emplear la denominación “productores rurales”. Durante la presentación del presupuesto de su cartera ante el Congreso, fue más allá y sostuvo que el término campesino tiene una connotación despectiva.
“Campesino es despectivo. Acá le vamos a elevar el estatus a los que producen los alimentos del país”, afirmó el ministro al explicar la propuesta. La modificación planteada se concentra en la forma en que el Gobierno se refiere a esa población.
El campesinado fue reconocido expresamente como sujeto de derechos y de especial protección en el artículo 64 de la Constitución mediante el Acto Legislativo 01 de 2023. Antes de esa reforma, la norma aludía a los trabajadores agrarios, sin mencionar a los campesinos ni diferenciar sus derechos.
La Ley 160 de 1994 también creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino para promover el acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra. Esa norma estuvo en desuso durante décadas.
Recursos y programas rurales
En la misma intervención, Dangond señaló que el presupuesto del Ministerio de Agricultura para 2026 pasaría de $4,1 billones a $3,7 billones, como parte de una estrategia de reducción del gasto y reorientación de recursos hacia el desarrollo del campo.
El ministro anunció la eliminación de 10.000 contratos que, de acuerdo con su evaluación, no son necesarios. Indicó que los recursos se destinarían a inversiones vinculadas directamente al sector rural, entre ellas pozos profundos y mecanización para pequeños productores.
También planteó revisar el seguro agropecuario e investigar su funcionamiento. Sobre la política de adquisición y entrega de tierras, afirmó que encontró obligaciones pendientes por cerca de $1,4 billones y cuestionó compras de predios que luego fueron adjudicados a comunidades rurales.
Dangond sostuvo que existen predios entregados sin que hubiera culminado su pago, además de casos con problemas de titulación y registro. Anunció que esos procesos serán revisados para establecer las condiciones de las compras, los pagos y las adjudicaciones posteriores.
El ministro agregó que la productividad por hectárea se ha mantenido durante una década entre 4,5 y 4,8 toneladas de arroz, seis toneladas de maíz y 12 toneladas de yuca. En ese contexto, asignó a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria la tarea de planificar dónde, cuándo y con qué se debe cultivar para mejorar esos indicadores.
Además, cuestionó la composición presupuestal de la Unidad de Restitución de Tierras: indicó que $130.000 millones de los $475.000 millones asignados corresponden a contratos de prestación de servicios y consideró que una mayor proporción podría dirigirse al desarrollo agrícola.
