El presidente Abelardo De La Espriella posesionó en Barranquilla a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), elegidos por el Congreso el 25 de agosto para un periodo de cuatro años. El organismo deberá vigilar la actividad electoral de partidos y movimientos políticos.
Durante el acto, el mandatario situó la confianza ciudadana en las elecciones como una responsabilidad central de la nueva corporación. Les pidió que sus decisiones reflejen reglas aplicadas sin distinción entre candidatos y que resguarden la igualdad en la competencia electoral, la financiación de campañas y los derechos de la oposición.
De La Espriella sostuvo que los magistrados deben actuar por encima de los intereses de quienes los postularon. También afirmó que ningún candidato puede recibir un trato distinto por su cercanía o distancia con el poder.
El presidente cuestionó las sospechas sin pruebas sobre la transparencia de los resultados electorales y mencionó la reciente advertencia del procurador sobre el supuesto riesgo que enfrentó el calendario electoral. “El ciudadano tiene derecho a perder una elección, pero jamás a que se le arrebate el voto en las urnas”, manifestó.
Los nuevos magistrados del CNE
El CNE quedó integrado por Nubia Stella Martínez, del Centro Democrático; Silvio Carrasquilla, del Partido Liberal; y Juan Carlos Wills, del Partido Conservador. También tomaron posesión Juan Felipe Lemos, de ‘la U’; Antonio José Parra, de Salvación Nacional; Plinio Alarcón, de Mira; y Gersel Pérez, de Cambio Radical.
Completan la corporación Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista, del Pacto Histórico. El órgano electoral quedó conformado mayoritariamente por fuerzas de centroderecha.
Entre sus funciones están la reposición de votos y el estudio de eventuales demandas contra elecciones o cuentas de campañas. De La Espriella los invitó a identificar las dificultades del sistema electoral y proponer las reformas que consideren necesarias durante su periodo.
Autonomía y colaboración institucional
El jefe de Estado aseguró que su gobierno respetará la autonomía del Consejo Nacional Electoral y mantendrá la colaboración institucional con la organización electoral para garantizar procesos seguros y transparentes.
