La directora nacional del ICBF, Carolina Restrepo Cañavera, señaló que durante la administración de Astrid Cáceres hubo más de 70 asesores en el despacho, en medio de una disputa iniciada por los cuestionamientos de la exdirectora al presupuesto de la entidad para 2027.
Cáceres cuestionó la partida de 11,97 billones de pesos para el ICBF incluida en el proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2027. La exdirectora sostuvo que esa cifra constituye un recorte y planteó inquietudes sobre la continuidad de la vinculación laboral de madres comunitarias, hogares infantiles y madres sustitutas, así como sobre el subsidio de sustitución pensional para exmadres comunitarias.
Restrepo respondió a través de su cuenta de X y contrapuso esas críticas con los gastos que atribuyó a la gestión precedente. La funcionaria afirmó que, además de los más de 70 asesores que habría tenido el despacho de Cáceres, existía una planta de 35 asesores.
La actual directora aseguró que algunos de esos contratistas recibían honorarios cercanos a 15 millones de pesos mensuales más prima técnica. En particular, describió labores logísticas y de mantenimiento básico para uno de los asesores mencionados en su publicación.
Restrepo también cuestionó la continuidad de pagos por oficinas que, de acuerdo con las fotografías que adjuntó, permanecían vacías. Su señalamiento incluyó un arriendo de más de 220 millones de pesos mensuales por esas instalaciones.
Astrid Cáceres rechazó las acusaciones y solicitó a Restrepo una rectificación por “calumnias”. Sostuvo que los señalamientos son afirmaciones verificables mediante la planta de personal, contratos, actos administrativos, estudios de necesidad, registros presupuestales y otros documentos oficiales del ICBF.
La exdirectora afirmó que no se pueden presentar cifras aisladas ni mezclar funcionarios de planta con contratistas, omitir sus periodos de vinculación o sus funciones, y usar esos datos para atribuir un despilfarro como un hecho demostrado.
Por ello, Cáceres pidió divulgar los soportes documentales completos de las acusaciones. Entre los elementos solicitados incluyó nombres, cargos, modalidades de vinculación, fechas, dependencias, funciones, estudios técnicos y contratos respectivos.
En su respuesta, anticipó que la confrontación continuará en los estrados judiciales, mientras insiste en que la información institucional debe hacerse pública para contrastar las imputaciones formuladas por la dirección actual del ICBF.
