La Contraloría General de la República solicitó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones precisar el alcance de la cancelación anunciada para el proyecto Fibra Óptica de la Amazonía y entregar documentación sobre su ejecución y recursos.
Alcance de la decisión
La solicitud fue dirigida a la ministra Alexandra Falla Zerrate por la delegada de la Contraloría para el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones. El organismo requirió información oficial y soportada para establecer el estado del proyecto, sus avances, dificultades, riesgos, compromisos pendientes y las acciones previstas para su ejecución.
El requerimiento se produjo después de un comunicado de MinTIC publicado el 18 de agosto de 2026, titulado “Cancelado proyecto de fibra óptica para la Amazonía”. La Contraloría pidió establecer qué significado jurídico y administrativo tiene el término “cancelado” empleado en esa comunicación.
En particular, solicitó definir si la decisión implica la terminación definitiva de la iniciativa, una suspensión, desistimiento, reformulación, modificación del alcance, terminación de instrumentos contractuales o su sustitución por un nuevo proyecto. También requirió identificar el acto administrativo, decisión contractual o instrumento jurídico que formalizó la determinación, con su fecha, autoridad competente y fundamentos jurídicos.
La entidad de control pidió además detallar los efectos de la decisión sobre las actuaciones y avances ejecutados. El informe deberá incluir el estado y grado de avance de los componentes técnicos, jurídicos, administrativos y contractuales desarrollados hasta la fecha.
Fases y recursos bajo seguimiento
La Contraloría solicitó a MinTIC indicar en qué etapa y porcentaje se encuentran cuatro frentes del proyecto: Planeación y Estudios Previos, gestión financiera y presupuestal, mitigación de riesgos y justificación técnica, y costo de oportunidad e impacto socioeconómico.
El oficio requiere las razones técnicas, jurídicas, contractuales, financieras, presupuestales y administrativas que sustentaron la cancelación anunciada. Para ello, pidió copia de estudios, conceptos, informes, análisis de riesgos, evaluaciones, actos administrativos y otros documentos que sirvieron de soporte para adoptar la decisión.
El seguimiento se enmarca en las funciones de vigilancia y control fiscal de la Contraloría sobre la gestión de los recursos públicos destinados al proyecto. La entidad busca determinar los efectos de la medida sobre esa gestión, los recursos involucrados y los avances alcanzados, así como identificar eventuales riesgos fiscales.
MinTIC deberá informar las medidas, acciones o alternativas previstas para mantener los objetivos de conectividad y cierre de la brecha digital en la región Amazónica. La respuesta debe precisar si se estructurará una iniciativa que sustituya el proyecto, junto con su financiación, alcance territorial, población beneficiaria y cronograma estimado.
La comunicación establece un plazo de tres (3) días hábiles contados desde su recibo para remitir la información requerida a la Contraloría. El documento advierte que la falta de entrega completa, íntegra y oportuna de los datos solicitados dará lugar a las actuaciones contempladas en los artículos 99 a 102 de la Ley 42 de 1993.
