El Gobierno de Abelardo De La Espriella declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y por grave calamidad pública en 15 departamentos, mediante el decreto 1261, para atender la crisis provocada por el terremoto del 10 de agosto y habilitar medidas extraordinarias de respuesta y reconstrucción.
Una vigencia inicial de 30 días
El decreto, firmado por todos los ministros en la noche del 19 de agosto, establece una vigencia de treinta (30) días calendario. La medida cobija a Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre.
La declaratoria se adopta para conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos. El último reporte citado registra 262.154 personas afectadas, 314 fallecidos, 4.437 heridos y 262 desaparecidos tras el sismo.
El estado de excepción está contemplado en el artículo 215 de la Constitución y permite al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley que se dirijan exclusivamente a atender la contingencia. La norma constitucional fija periodos de hasta 30 días por cada declaratoria, sin que superen 90 días en el año calendario.
Recursos y reconstrucción tras el terremoto
Con estas facultades, el Gobierno podrá trasladar fondos entre entidades sin acudir al Congreso y podrá establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En circunstancias ordinarias, esa atribución corresponde al Legislativo, pero la Constitución la permite durante las emergencias.
La prioridad planteada por el Ejecutivo es la atención de los damnificados. Abelardo De La Espriella calculó que la reconstrucción de las zonas con mayor afectación costará 30 billones de pesos, un proceso que incluye viviendas, comercios e infraestructura pública esencial, como escuelas, hospitales y obras indispensables para las comunidades.
Entre las medidas contempladas figuran recursos para reconstrucción, subsidios para los damnificados, apoyos para arriendos y servicios públicos, y alivios tributarios para comerciantes afectados. La atención tendrá prioridad en los estratos 1, 2 y 3, las viviendas de interés social, los comercios y otros bienes impactados por el terremoto.
El Gobierno también sostuvo una reunión con el gremio asegurador para cruzar la información de las compañías y las entidades estatales, con el objetivo de agilizar los pagos de pólizas de inmuebles asegurados. De La Espriella anunció, además, una reducción de gastos asociados a programas de la administración Petro que no considera prioritarios ante las necesidades actuales.
El decreto deberá ser remitido a la Corte Constitucional para su evaluación y el Gobierno tendrá que presentar al Congreso un informe sobre las causas de la declaratoria y las medidas adoptadas. En los próximos días se prevé la expedición de nuevos decretos para desarrollar la respuesta a la emergencia.
