El presidente Abelardo De La Espriella prometió que su Gobierno contribuirá a esclarecer el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Durante la inauguración de un centro que lleva el nombre del dirigente, afirmó que la investigación debe establecer quién ordenó y financió el crimen, más allá de sus autores materiales.
La investigación del crimen de Miguel Uribe
De La Espriella sostuvo que la justicia colombiana ha avanzado en la investigación y ha reconstruido parte de la estructura que intervino en el asesinato. Sin embargo, señaló que aún falta identificar a quien dio la orden. Pidió que esa respuesta se establezca «con nombres propios, con pruebas y ante los jueces de la República».
El mandatario dijo que su Gobierno hará lo que esté a su alcance, dentro de la Constitución y la ley, para contribuir al esclarecimiento del caso. También afirmó que la Policía Nacional, los organismos de inteligencia y las instituciones del Ejecutivo que pueden colaborar con la justicia recibieron instrucciones desde el primer día de su administración.
Según relató, al asumir el cargo reunió a sus asesores de inteligencia y seguridad nacional para indicarles que esclarecer el crimen era «un asunto de importancia nacional». Añadió que, de ser necesario, buscará la colaboración de otros países para localizar a quienes hayan ordenado el asesinato.
Miguel Uribe Turbay, entonces senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, sufrió un atentado el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá. Murió el 11 de agosto en la Fundación Santa Fe, después de varias semanas en las que estuvo hospitalizado.
Acusaciones planteadas por el presidente
En su intervención, De La Espriella afirmó que dos días antes del atentado quien ejercía la Presidencia se había referido a Uribe Turbay en términos que calificó de virulentos. El mandatario vinculó esas palabras con el crimen y llegó a decir: «Esa fue la orden, que nadie lo olvide». Esa afirmación fue planteada por él durante el acto.
De La Espriella también expresó su respaldo a una hipótesis que, según dijo, apuntaría a un crimen de Estado. Sostuvo que la muerte del dirigente habría favorecido al gobierno que Uribe Turbay cuestionaba. Se trata de una acusación del presidente, no de una conclusión judicial expuesta en su intervención.
El mandatario insistió en que busca identificar tanto a quien dio la orden como a quien financió el asesinato y conocer las motivaciones del crimen. Enmarcó ese objetivo en la colaboración de las instituciones del Ejecutivo con la justicia y afirmó que los responsables deberán comparecer ante los jueces.
