La condena a Carlos Caicedo por irregularidades en la contratación de centros de salud de Santa Marta dejó una pena de 117,6 meses de prisión y una multa de $4.453 millones. El Juzgado Noveno Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá lo declaró responsable como coautor de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso con peculado por apropiación agravado.
La sentencia y la orden de captura, supeditada a que quede en firme
El fallo también impuso inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena de prisión y una inhabilidad intemporal respecto de los derechos señalados en el artículo 122 de la Constitución.
El despacho judicial determinó que Caicedo no tiene derecho a mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad. Por eso, una vez la sentencia quede ejecutoriada, deberá librarse la orden de captura para que cumpla la condena en el centro de reclusión que determine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
La decisión fue notificada en estrados y contra ella procede el recurso de apelación. Ese trámite, según la sentencia, debe interponerse y sustentarse dentro de los cinco días siguientes, mientras el proceso avanza a segunda instancia.
El contrato PS-04 de 2014 y las irregularidades advertidas en la etapa precontractual
De acuerdo con la sentencia, los hechos se remontan a la etapa precontractual del contrato PS-04 del 20 de agosto de 2014, firmado entre la Empresa Social del Estado Alejandro Próspero Reverend y la sociedad Mediredes SAS. El objeto fue el mantenimiento y la adecuación de los centros de salud Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz, por $6.532.759.830 y un plazo de ejecución de diez meses.
Según lo expuesto durante la lectura del sentido del fallo, la juez concluyó que la autorización del contrato se dio sin los estudios previos exigidos por el manual de contratación de la entidad. En su sustentación, la funcionaria judicial señaló que esa omisión desconoció principios de la función administrativa, en especial el debido proceso contractual y el de planeación.
La jueza también afirmó que la actuación irregular tuvo impacto en la ejecución del proyecto. En esa línea, indicó que derivó en demoliciones de puestos de salud, la interrupción de la atención médica y un detrimento patrimonial que fue referido como superior a $5.000 millones.
Reacciones en el caso y lo que sigue en segunda instancia
Durante la diligencia, la Fiscalía General de la Nación solicitó que no se le concedieran beneficios judiciales al exmandatario. La jueza acogió esa postura, al señalar que no procede sustituir la pena privativa de la libertad.
Julián Quintana, abogado de la parte demandante —el Distrito de Santa Marta—, celebró la decisión y afirmó: “Obtuvimos sentencia condenatoria contra Carlos Caicedo por el caso de corrupción de los puestos de salud de Santa Marta”.
Con la apelación prevista en el proceso, el caso continuará su curso ante la segunda instancia, mientras la orden de captura queda atada a que la sentencia quede en firme.
