La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le puso punto final a uno de los capítulos más oscuros de la administración pública en Colombia. El alto tribunal dejó en firme la condena de 239 meses de prisión (casi 20 años de cárcel) contra Carlos Salvador Albornoz Guerrero, exdirector de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), por su responsabilidad directa en el manejo irregular y corrupto de bienes incautados a las mafias del narcotráfico.
Con esta decisión, la justicia ratifica que el exfuncionario usó su poder institucional para desviar recursos públicos hacia intereses particulares, cerrando la puerta a sus recursos de impugnación.
La maniobra con el predio «Jesús del Río»
La investigación penal demostró que Albornoz Guerrero, en complicidad con otros servidores públicos y particulares, estructuró una red dedicada a subastar y entregar bienes de la DNE por un valor comercial muy inferior al real.
El caso central que terminó de hundir jurídicamente al exdirector fue la dación en pago del predio conocido como “Jesús del Río”. El inmueble, que había sido decomisado al crimen organizado, fue entregado a la sociedad Capital & Business S.A. simulando un avalúo fraudulento. Mediante este esquema, los implicados generaron un desfalco al erario y un provecho ilícito que superó los 1.500 millones de pesos, beneficiando directamente a un amigo cercano del propio Albornoz.
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Del control absoluto al fallo definitivo
Aunque en la primera instancia del proceso el exdirector de la DNE había sido absuelto, el Tribunal Superior de Bogotá revocó ese fallo tras estudiar una apelación y lo halló culpable de cuatro graves delitos:
Peculado por apropiación.
Fraude procesal.
Interés indebido en la celebración de contratos.
Obtención de documento público falso.
Al revisar la última impugnación, la Corte Suprema de Justicia descartó de tajo los argumentos de la defensa y concluyó que Albornoz tenía pleno conocimiento de cada irregularidad.
“El procesado sabía de las irregularidades porque tuvo dominio del hecho desde cuando asumió consignar información falsa respecto del valor del bien, hasta que se consolidaron los registros de la dación en pago y la subsiguiente tradición de este a una tercera sociedad”, sentenció de forma tajante la Sala de Casación Penal.
Con este veredicto definitivo, se ratifica una de las sanciones penales más severas contra la corrupción en el manejo de bienes de la mafia, un escándalo que en su momento obligó a la liquidación definitiva de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
