La denuncia ante el OCAD Paz fue radicada por la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, que pidió a los organismos de control revisar presuntas irregularidades en el trámite de un proyecto financiado con regalías para municipios del Pacífico. La iniciativa, con recursos de la Asignación para la Paz, supera los $62.797 millones y está en ruta de aprobación.
Un proyecto de regalías por $62.797 millones para cuatro municipios
Según la denuncia, el plan corresponde al BPIN 20251301010899 y compromete un monto exacto de $62.797.102.285 del Sistema General de Regalías. La ejecución está prevista en Timbiquí, Guapi y López de Micay (Cauca), además de Buenaventura (Valle del Cauca), territorios con alta vulnerabilidad social y antecedentes de afectación por la violencia.
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La veeduría advirtió que las inconsistencias aparecen en la etapa de trámite y aprobación de los recursos, por lo que pidió una revisión antes de que el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD Paz) avance hacia una decisión definitiva.
Qué busca la iniciativa, según el DNP: productividad en coco y cacao
En la ficha del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el proyecto plantea como objetivo “incrementar los niveles de productividad y gestión empresarial” mediante estrategias de transformación productiva. Entre las cadenas mencionadas figuran el coco y el cacao, actividades clave en varias zonas del litoral Pacífico.
La alerta ciudadana, sin embargo, sostiene que el diseño y los soportes del proyecto requieren verificación minuciosa para asegurar que el uso de los recursos se ajuste a las exigencias técnicas, financieras y jurídicas del sistema de regalías.
Las alertas por beneficiarios, duplicidades y consulta previa en el OCAD Paz
Uno de los puntos centrales es la proporción entre el presupuesto y el alcance. La ficha del DNP, de acuerdo con la denuncia, señala que el beneficio directo sería para 120 personas en los cuatro municipios, un dato que la veeduría considera crítico frente al tamaño de la inversión.
También se advierte sobre una posible superposición de inversiones. En ese escenario, parte de las obras, actividades o insumos podrían coincidir con componentes ya cubiertos por otros programas del Estado, lo que elevaría el riesgo de duplicidad en el gasto.
Además, la denuncia menciona dudas sobre el cumplimiento del derecho a la consulta previa, dado que se trata de territorios con consejos comunitarios y resguardos étnicos. A esto se suman cuestionamientos sobre la sostenibilidad de las iniciativas productivas una vez se ejecuten los recursos iniciales.
El llamado a los organismos de control en medio de la transición de Gobierno
El vocero de la veeduría, César Augusto Pinilla, sostuvo que el propósito del trámite no es frenar proyectos para comunidades necesitadas, sino reforzar los controles y proteger el patrimonio público. En ese marco, la organización pidió que la Procuraduría General de la Nación y el propio OCAD Paz verifiquen el cumplimiento de requisitos antes de comprometer recursos de gran cuantía.
La denuncia se conoce, además, a menos de un mes de que finalice el actual Gobierno Nacional. Para la veeduría, en un periodo de cambio de administración, las decisiones fiscales asociadas a presupuestos elevados y eventuales vigencias futuras deben pasar por el mayor estándar de control institucional, con trazabilidad y claridad sobre su impacto real en el territorio.
Anexo Comunicado
La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia radica denuncia por presuntas irregularidades en proyecto por $62.797 millones ante el OCAD Paz
La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia radicó una denuncia formal ante los organismos de control y autoridades competentes, advirtiendo sobre presuntas irregularidades e inconsistencias relacionadas con el proceso de aprobación del proyecto BPIN 20251301010899, financiado con recursos de la Asignación para la Paz por valor de $62.797.102.285, que se ejecutarán en municipios del pacífico colombiano como Timbiquí, Cauca y Buenaventura, Valle, entre otros.
Según la denuncia presentada, existen elementos que ameritan una verificación exhaustiva por parte de las autoridades, toda vez que podrían evidenciarse situaciones que comprometerían los principios de transparencia, planeación y correcta destinación de los recursos públicos. Asimismo, se solicita investigar si el proceso de aprobación que actualmente cursa ante el OCAD Paz cumple integralmente los requisitos técnicos, financieros y jurídicos exigidos por el Sistema General de Regalías.
A menos de un mes de la finalización del actual Gobierno Nacional, resulta especialmente relevante que cualquier decisión relacionada con la aprobación de proyectos financiados con recursos públicos cuente con las máximas garantías de transparencia y control institucional.
De acuerdo con denuncia efectuada por la Veeduría, las presuntas inconsistencias identificadas se relacionan, entre otros aspectos, con una posible superposición de inversiones, inquietudes sobre la identificación de beneficiarios, el cumplimiento de requisitos de consulta previa y la sostenibilidad de la inversión pública.
La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia reitera que corresponde a las autoridades competentes establecer la existencia o no de irregularidades. No obstante, considera indispensable que estas situaciones sean verificadas antes de comprometer recursos públicos por más de 62 mil millones de pesos, garantizando la protección del patrimonio público y el adecuado uso de los recursos destinados a las comunidades beneficiarias.
proyecto del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN). Iniciativa, financiada con recursos de la Asignación para la Paz —fondo del Sistema General de Regalías que se concentra en 170 municipios afectados por la pobreza y la violencia, municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el proyecto busca “incrementar los niveles de productividad y gestión empresarial” en estrategias de transformación del coco y el cacao en Timbiquí, López de Micay, Guapi y Buenaventura.
Unas 120 personas de los cuatro municipios serían beneficiarias, segú la ficha BPIN del DNP
