El coletazo político por la suspensión de la representante a la Cámara, Gloria Arizabaleta, llegó a los altos mandos del gabinete ejecutivo. Tras conocerse la fulminante medida cautelar de la Procuraduría General de la Nación, que apartó a la congresista de sus funciones por intentar suspender de manera irregular al presidente Gustavo Petro, el jefe de la cartera laboral rompió el silencio y calificó la sanción como un acto de justicia institucional.
Para el Gobierno nacional, la maniobra de la legisladora del Pacto Histórico cruzó líneas rojas que pusieron en riesgo la estabilidad democrática del país en un momento de alta sensibilidad política.
«Se extralimitó en sus funciones»
En una enérgica declaración, el alto funcionario aseguró que la sanción impuesta por el Ministerio Público es completamente «merecida», argumentando que la expresidenta de la Comisión de Investigación y Acusación actuó con un profundo desconocimiento de las leyes y las competencias de su propio cargo.
También le puede interesar: El Tribunal Superior de Bogotá prohíbe al Movimiento Salvación Nacional el uso de sus símbolos y eslóganes
Según el titular de la cartera laboral, Arizabaleta no solo violó el debido proceso al emitir un auto de manera unilateral, sino que ejecutó un ataque directo contra la institucionalidad del país:
«Yo creo que merecido porque la señora representante Arizabaleta se extralimitó en sus funciones y pareciera que no las conociera. Atentó contra la figura presidencial y la sucesión del Presidente de la República en una zona de seguridad pública».
Señalamientos de prevaricato y abuso de poder electoral
El pronunciamiento del ministro de trabajo gloria arizabaleta fue más allá de la crítica política y entró en el terreno penal. El funcionario sugirió de manera abierta que la actuación de la congresista vallecaucana califica como un presunto delito de prevaricato por acción a través de medios de comunicación, un hecho que, según él, ya está en la mira de las altas cortes con una apertura penal ante la Corte Suprema de Justicia.
Para el jefe de la cartera, la polémica orden de apartar al jefe de Estado de su cargo no fue un error técnico inocente, sino un movimiento calculado para desestabilizar la contienda de cara a la segunda vuelta presidencial. El ministro denunció de forma tajante que la parlamentaria «quiso incursionar en el debate electoral abusando de su cargo de congresista» y de su posición de poder dentro de la Comisión de Acusaciones, concluyendo con firmeza que este tipo de conductas arbitrarias «no pueden ser permitidas en una democracia».
