La queja ante la Procuraduría presentada por Santiago Botero Jaramillo busca que el Ministerio Público evalúe una investigación disciplinaria contra el comisario de Familia Amin Francisco Sanabria Aislant, en Cartagena. Su defensa alega posibles fallas de garantías durante el trámite adelantado en su contra.
Qué reclama la defensa y contra qué funcionario apunta la solicitud
La actuación fue radicada ante la Procuraduría General de la Nación a través de su apoderada, la abogada Diana Paola Chavarro Gutiérrez. El escrito pide revisar la conducta del funcionario adscrito a la Comisaría de Familia Permanente Turno No. 1 de Cartagena, en el marco de las actuaciones adelantadas por esa dependencia.
Según la queja, durante el procedimiento se habrían presentado situaciones que podrían comprometer principios como la imparcialidad, la reserva del expediente, la transparencia y el debido proceso. La defensa sostiene que esas garantías constitucionales no se habrían respetado plenamente a lo largo del trámite.
En esa línea, Botero plantea que el control disciplinario establezca si la actuación del despacho se ajustó a los deberes del cargo y a las reglas que rigen este tipo de procedimientos. La solicitud no reemplaza el proceso de fondo: apunta a que se revise el comportamiento del servidor público durante la actuación.
Las declaraciones a medios, el punto más sensible en la queja
Uno de los ejes del reclamo se centra en las declaraciones públicas que, según el documento, el comisario habría entregado a diferentes medios de comunicación mientras el procedimiento aún estaba en desarrollo. Para la defensa, esa exposición ocurrió antes de que Botero pudiera ejercer plenamente su derecho a la defensa y dar su versión ante la autoridad competente.
Ese escenario, argumentan sus representantes, pudo impactar su imagen personal y familiar y tensionar el principio de presunción de inocencia. La queja plantea que, cuando un expediente está en trámite, la forma de comunicación pública puede incidir en la percepción social del caso, aun sin decisión definitiva sobre lo discutido.
Por eso, los abogados piden que la Procuraduría revise cuidadosamente lo ocurrido y determine si se respetaron los deberes de reserva y neutralidad que, en su criterio, deben regir durante las actuaciones de una comisaría. La defensa insiste en que la evaluación disciplinaria debe partir de los hechos del trámite y sus reglas procesales.
Qué puede decidir ahora la Procuraduría y qué queda en discusión
Con la queja ya radicada, corresponde a la Procuraduría valorar los argumentos y establecer si hay méritos para abrir las actuaciones que procedan en el ámbito disciplinario. Ese análisis definirá si el Ministerio Público inicia una investigación formal o adopta otra determinación dentro de sus competencias.
Mientras esa revisión avanza, el caso volvió a poner sobre la mesa el debate sobre honra, buen nombre y garantías de los ciudadanos cuando enfrentan procedimientos administrativos o judiciales. Para Botero, según su defensa, el objetivo es que su situación sea examinada con imparcialidad y con respeto estricto de las garantías constitucionales.
