El magnicidio de Miguel Uribe entra en una nueva fase judicial: la Fiscalía anunció que solicitará ante un juez declarar como persona ausente a siete cabecillas de la Segunda Marquetalia para avanzar en su imputación como presuntos autores intelectuales del crimen.
La solicitud ante el juez y los cargos que busca imputar la Fiscalía
El atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Un año después, la Fiscalía confirmó que pedirá ante un juez que se declare como “persona ausente” a siete señalados cabecillas de la Segunda Marquetalia, un trámite que, según el ente acusador, permitiría avanzar en la imputación de cargos.
La fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, explicó a La FM que, una vez se avale esa solicitud, los investigadores tendrían vía libre para imputar cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Las órdenes de captura mencionadas en el expediente apuntan a Kendry Téllez Álvarez, señalado como posible determinador del hecho, y por línea de mando a Iván Luciano Marín Arango (alias Iván Márquez), Géner García Molina (alias Jhon 40), Alberto Cruz Lobo (alias Enrique Marulanda), Jhon Jairo Bedoya Arias (alias Rusbel o Rumba), Diógenes Medina Hernández (alias Gonzalo o Chalo) y José Aldinever Sierra Sabogal (alias Zarco Aldinever).
Circular roja, recompensas y rastreo de dineros dentro y fuera del país
De acuerdo con la investigación citada por La FM, las autoridades vincularon a 17 implicados y reportaron la captura de nueve como autores materiales. Además, se emitió circular roja de Interpol y se anunciaron recompensas por más de 19.500 millones de pesos contra siete cabecillas, con búsqueda en 196 países, señalados como autores intelectuales.
La Fiscalía sostuvo que las pruebas apuntan a motivos “político-instrumentales” relacionados con el ejercicio de Miguel Uribe como senador y candidato presidencial. En un informe citado por la emisora, el caso reúne criterios para ser definido como magnicidio por su intención de incidir en el escenario político.
En paralelo, el despacho adelantó un rastreo de dineros en cuentas bancarias en Colombia y en el exterior, en países como Argentina y Ecuador, con el fin de identificar transacciones y ubicar a presuntos financiadores. Con base en los hallazgos probatorios, los fiscales prevén emitir órdenes judiciales para ubicar y capturar a otros implicados.
Aniversario del atentado, seguridad bajo la lupa y el llamado a la bandera
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, afirmó que el crimen no fue un acto aislado, sino una operación estructurada que involucró una red delictiva urbana contratada —descrita como “outsourcing”— y el Grupo Armado Organizado Residual de la Segunda Marquetalia. En esa línea, el expediente también menciona verificaciones forenses y de comunicaciones para reconstruir eventos y sumar evidencias técnicas.
En el mismo caso, la familia presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una prueba sobre vulnerabilidades en la seguridad del senador, incluso durante su atención médica en la Fundación Santa Fe, según dijo a La FM el abogado e investigador Ricardo Cruz. Por su parte, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, negó el 30 de abril ante la Fiscalía haber omitido acciones para reforzar el esquema de protección y aseguró que la entidad actuó conforme a sus obligaciones.
La FM también informó que la Fiscalía insistirá ante un juez el 16 de junio para que se avale un preacuerdo con Elder José Arteaga, alias El Costeño o Chipi, señalado como “cerebro en la ejecución” del crimen, pese a la oposición expresada por la familia. Miguel Uribe falleció el 11 de agosto de 2025 tras varias semanas de atención médica. En la conmemoración del año del atentado, su hermana María Carolina Hoyos Turbay convocó a exhibir la bandera de Colombia en ventanas, balcones, hogares y lugares de trabajo como símbolo de memoria, unidad y rechazo a la violencia.
