sábado, junio 6, 2026
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Gustavo Petro en Córdoba enciende la segunda vuelta con duros ataques y denuncias de compra de votos

La recta final hacia la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio ha entrado en una fase de máxima tensión institucional. En una plaza pública en Montería, capital del departamento de Córdoba, el presidente Gustavo Petro Urrego protagonizó una jornada que sacudió el panorama político al lanzar duros cuestionamientos electorales contra los sectores de la oposición. Lo complejo del escenario es que el pronunciamiento se dio pocas horas después de que el Consejo de Estado le ordenara de forma estricta abstenerse de difundir cualquier tipo de propaganda política.

El fallo del alto tribunal, bajo la ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, determinó que el jefe de Estado ya había infringido la Ley de Garantías Electorales en anteriores publicaciones de YouTube y de la red social X. Por ello, le prohibió utilizar discursos públicos, canales oficiales de televisión, radio o la imprenta pública para emitir opiniones electorales. Sin embargo, el mandatario desatendió la restricción en territorio cordobés.

Discurso directo en Montería: «Mequetrefe» y dardos sin nombres propios

Aunque lo que inicialmente se convocó fue un evento oficial para presentar el balance de su gestión de gobierno, la intervención de Gustavo Petro en Córdoba transmitida en directo por los canales de la Presidencia de la República— tomó rápidamente un tinte electoral. Ante la ausencia de las principales autoridades departamentales, el mandatario concentró su retórica en descalificar al candidato que compite contra el Pacto Histórico.

Si bien evitó pronunciar el nombre propio de su oponente, Petro no guardó diplomacia al describirlo como un «jovencillo de Miami que no conoce a Colombia, pero se crió y nació» en el municipio de Sahagún, para luego tildarlo abiertamente de «mequetrefe».

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El tono del discurso subió de calibre cuando el presidente vinculó directamente la contienda de las urnas con el fantasma de la violencia en las regiones. Frente a los asistentes, Petro advirtió: «Triste el pueblo que devuelva ya al sillón de la Casa de Nariño al defensor del paramilitarismo que crucificó doscientas mil vidas de seres humanos en Colombia». En esa misma línea de argumentación, trajo a colación el expediente judicial de Santiago Uribe Vélez, refiriéndose al «hermano de un gobernador al sur de Córdoba», a quien señaló por una masacre de 700 campesinos en el departamento de Antioquia, conectando este hecho histórico con la actual campaña de oposición.

El fortín cordobés y las denuncias de compra de votos

Durante su intervención, el mandatario también sacó a relucir el mapa electoral del departamento, asegurando que su proyecto gubernamental «derrotó 2 a 1 en su propia tierra» al candidato de la oposición. Esta afirmación coincide con los análisis estadísticos de la primera vuelta, donde la votación por Iván Cepeda en Córdoba alcanzó el 55,55 por ciento de los apoyos.

Para cerrar su discurso en Montería, Petro lanzó una grave acusación de cara al 21 de junio, sosteniendo ante la plaza pública que existen sectores contrarios a su gobierno que presuntamente están utilizando recursos financieros provenientes del exterior con el único fin de comprar votos en las regiones.

Organismos de control en máxima alerta

Este nuevo capítulo de confrontación institucional pone en una situación comprometedora al Ejecutivo frente a las autoridades disciplinarias. La Ley de Garantías (Ley 996 de 2005) es clara al señalar que el uso de los canales públicos y la investidura del cargo para emitir opiniones electorales altera los fines estrictamente informativos que debe mantener un gobierno.

Por esta razón, los voceros de la campaña de oposición ya radicaron una solicitud formal ante la Procuraduría General de la Nación para que intervenga de manera urgente y garantice el equilibrio de la contienda democrática. Cabe recordar que el Ministerio Público avanza actualmente en la investigación de 142 expedientes abiertos por presunta participación en política de miembros del Gobierno Nacional, procesos que ya dejan suspensiones provisionales de altos funcionarios como Carlos Carrillo y Alfredo Saade.

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