El panorama político en el Congreso de la República enfrenta una encrucijada jurídica sin precedentes ante la intención del actual representante Wadith Manzur de posesionarse como senador el próximo 20 de julio, a pesar de encontrarse privado de la libertad. Manzur, quien resultó electo en los pasados comicios, permanece detenido por su presunta vinculación en el millonario escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). Su defensa, encabezada por el abogado Francisco Javier Araújo, ha solicitado formalmente que se determine si la medida de aseguramiento vigente le impide ejercer sus derechos políticos y asumir la curul ganada en las urnas.
Ante esta solicitud, la Corte Suprema de Justicia ha mantenido una postura de prudencia institucional, aclarando que no posee facultades consultivas para emitir conceptos sobre actos administrativos de posesión. No obstante, el alto tribunal envió un oficio al presidente del Congreso, Lidio García, instando a la corporación legislativa a que se pronuncie sobre la viabilidad técnica y legal de este procedimiento. Esta decisión traslada la «papa caliente» a la Mesa Directiva del Senado, que deberá definir si un congresista bajo medida de aseguramiento puede realizar el acto oficial de juramento, un hecho que genera un intenso debate sobre la ética y la legalidad en el ejercicio público.
Cabe recordar que el escándalo de la UNGRD, que mantiene a Manzur tras las rejas, involucra presuntos sobornos y desvío de recursos destinados a la atención de emergencias en el país. La Ley Quinta de 1992, que rige el funcionamiento del Congreso, establece causales claras para la «silla vacía» y la falta absoluta o temporal de los legisladores; sin embargo, el vacío jurídico sobre la posesión de un electo en condiciones de reclusión abre una grieta de interpretación que podría llegar hasta el Consejo de Estado. La defensa argumenta que, mientras no exista una condena en firme, los derechos políticos del sindicado deberían permanecer intactos.
El país observa con atención la respuesta que emitirá el Congreso en los próximos días, ya que este caso sentará un precedente sobre el alcance de la integridad del legislativo. Si se permitiera la posesión, se plantearía el interrogante de cómo un senador cumpliría con sus funciones de debate y votación desde un centro de reclusión. Por el contrario, de impedirse el acto, se abriría una batalla legal por el debido proceso.
Le puede interesar: https://nacioncolombia.com/cundinamarca-fortalece-el-pae-con-nuevos-lineamientos/
