JEP podría expulsar a Mauricio Santoyo
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió un incidente para determinar si el general (r) Mauricio Santoyo Velasco ha incumplido el régimen de condicionalidad que le exige aportar verdad sobre hechos relacionados con el conflicto armado.
Si se establece que no ha cumplido con esta obligación, podría ser expulsado de la Jurisdicción y perder los beneficios de la justicia transicional.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) analizó los aportes de Santoyo, quien fue comandante del Gaula de la Policía en Antioquia entre 1997 y 2001.
Entre los hechos evaluados está su relación con la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), ocurrida en Medellín en octubre de 2000.
El oficial retirado negó su responsabilidad en estos hechos, asegurando que en ese momento no comandaba el Gaula Medellín y que se encontraba en Bogotá con funciones administrativas.
También afirmó que quien lideraba esa unidad en la ciudad era el entonces teniente coronel Germán Eduardo Flórez Sánchez. Además, invocó su derecho a no autoincriminarse y exigió que cualquier señalamiento en su contra sea probado en juicio.
Sin embargo, la SDSJ consideró que Santoyo tiene una carga de verdad significativa sobre estos hechos, ya que en septiembre de 2024 la Fiscalía General de la Nación lo acusó como presunto autor de concierto para delinquir agravado y desaparición forzada agravada.
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Según el ente acusador, la desaparición de Monsalve y Quintero se relaciona con otros crímenes ocurridos en la misma época con el mismo modus operandi, vinculados a la interceptación ilegal de más de dos mil líneas telefónicas, presuntamente ordenadas por Santoyo entre 1997 y 2001.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP también concluyó que Santoyo podría aportar información clave para el Subcaso Antioquia del Caso 08, que investiga crímenes cometidos por agentes del Estado en colaboración con grupos paramilitares.
A pesar de ello, el general retirado ha reiterado que no tenía mando sobre las unidades implicadas y ha rechazado las acusaciones en su contra.
Ante esta situación, el Instituto Popular de Capacitación (IPC), que representa a víctimas del Caso 08, manifestó su inconformidad con los aportes de Santoyo, argumentando que han sido insuficientes para esclarecer los hechos, posición que tomó en cuenta la JEP para sustentar la apertura del incidente.
Otro aspecto considerado por la SDSJ fue la condena emitida en Estados Unidos contra Santoyo por conspiración para proveer apoyo a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En 2012, el oficial retirado se declaró culpable ante un tribunal del Distrito Este de Virginia. Sin embargo, durante una audiencia en la JEP en marzo de 2024, afirmó que aceptó los cargos como parte de una estrategia de defensa para obtener beneficios judiciales.
A su vez, la Sala de Reconocimiento señaló que, según testimonios de exjefes paramilitares, la relación de Santoyo con las AUC no fue esporádica ni marginal, sino de alto nivel. Además, enfrenta investigaciones en la Corte Suprema de Justicia por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Debido a estas consideraciones, la JEP abrió el incidente para determinar si Santoyo incumplió sus compromisos con la Jurisdicción. El compareciente tiene cinco días para presentar pruebas que sustenten su versión y evitar su posible expulsión.
(Colprensa)
