El nombramiento del presidente encargado de Ecopetrol quedó bajo petición de revisión ante los organismos de control. La Veeduría por la Verdad y la Justicia solicitó a la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República que adelanten verificaciones e investigaciones sobre la designación de Juan Carlos Hurtado y posibles riesgos para la transparencia y el patrimonio público.
Las verificaciones que solicita la veeduría
Según la Veeduría, a sus canales han llegado informaciones y denuncias de distintas fuentes sobre posibles relaciones, intereses o circunstancias alrededor del proceso de designación de Hurtado. La organización pidió que sean las autoridades competentes las que determinen si esos señalamientos tienen sustento y relevancia jurídica, disciplinaria o penal.
El foco del requerimiento es que se establezca si existen eventuales conflictos de interés, vínculos o cualquier otra condición que afecte la independencia administrativa de Ecopetrol o la adecuada gestión de los recursos públicos. La Veeduría también enmarcó su solicitud en el tamaño estratégico de la empresa y en la confianza ciudadana sobre su dirección.
Como parte de sus argumentos, la organización mencionó que la ejecución presupuestal durante el período del encargo asciende a cerca de 80 billones de pesos. A partir de ese dato, pidió que las actuaciones que se abran permitan “despejar cualquier duda” sobre la administración de la compañía, en línea con los principios de transparencia e independencia.
Denuncias mencionan apoyos ligados al presunto “cartel de los catalanes”
La Veeduría sostuvo que parte de la información recibida indica que la hoja de vida del hoy presidente encargado habría sido impulsada o respaldada, presuntamente, por personas que en escenarios públicos y mediáticos han sido relacionadas con el presunto denominado “cartel de los catalanes” en Colombia.
De acuerdo con la misma solicitud, esas informaciones también señalan que algunas de esas personas han sido objeto de investigaciones o señalamientos por parte de autoridades de distintos países de América Latina. La organización subrayó que corresponde exclusivamente a los organismos competentes verificar la veracidad de esos datos y establecer si hay vínculos y si son relevantes.
Llamado al Gobierno y énfasis en debido proceso
Además de pedir actuaciones a los entes de control, la Veeduría hizo un llamado al Gobierno Nacional para que las decisiones sobre la dirección de Ecopetrol se adopten con criterios de mérito, transparencia, independencia y protección del patrimonio público.
En el mismo pronunciamiento, solicitó que cualquier verificación se tramite con diligencia, pero con “estricto respeto” por el debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías constitucionales de las personas que puedan verse involucradas en las denuncias o en las indagaciones que se deriven de ellas.
