El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, anunció cuatro compromisos de la Procuraduría para vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, ejercer su potestad disciplinaria, fortalecer la prevención y someterse a controles. El anuncio se produjo durante la firma de un acuerdo entre autoridades del Estado sobre acceso a la información pública y vigilancia de los recursos.
Compromisos de transparencia de la Procuraduría
El primero de los compromisos consiste en vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia en entidades nacionales y territoriales mediante herramientas de medición públicas y exigentes. Eljach Pacheco presentó esta medida como parte de las obligaciones que asume la Procuraduría al suscribir el acuerdo.
La entidad también se comprometió a ejercer la potestad disciplinaria con oportunidad e imparcialidad. El procurador señaló que esa actuación deberá respetar el debido proceso, la legítima defensa y el buen nombre.
El tercer punto es fortalecer la función preventiva mediante el acompañamiento a gobernaciones y alcaldías. Como cuarto compromiso, Eljach Pacheco planteó aplicar a la propia Procuraduría las exigencias de control que dirige a otras entidades. “Un órgano que no se deja controlar pierde autoridad moral”, afirmó.
Un acuerdo sobre recursos públicos
Las autoridades suscribieron el acuerdo el 29 de septiembre de 2026 en el Salón de la Constitución del Congreso de la República, en Bogotá, durante la apertura de la Semana de la Transparencia y en el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Su propósito declarado es fortalecer el acceso a la información pública y el control ciudadano sobre la gestión de los recursos públicos.
El procurador pidió garantizar la trazabilidad de los recursos desde su aprobación presupuestal hasta la ejecución, la auditoría y el control. También sostuvo que la vigilancia requiere una acción coordinada entre el Congreso, el Gobierno, los organismos de control y las autoridades territoriales.
Eljach Pacheco afirmó que, dentro de cuatro años, el acuerdo será juzgado por lo que los colombianos puedan ver, consultar y verificar sobre el uso de sus recursos. Expresó además su intención de que el documento se traduzca en prácticas de la administración pública y no quede archivado.
