El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara una respuesta legal contra las medidas cautelares que ordenan abstenerse de realizar bombardeos donde haya información verificable sobre la posible presencia de menores de edad. La decisión pone en el centro los límites de las operaciones aéreas y la protección de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que la administración cuestionará la determinación adoptada por el Juzgado 34 de Familia de Bogotá. El despacho admitió una tutela y, mientras adopta una decisión de fondo, impartió órdenes dirigidas a la Presidencia, el Ministerio de Defensa y las fuerzas armadas.
La medida establece que las autoridades deben abstenerse de ordenar bombardeos en zonas donde exista información “cierta, objetiva o razonablemente verificable” sobre la presencia de niños, niñas y adolescentes. Lara sostuvo que esa fórmula tiene una amplitud extraordinaria y planteó dificultades para definir qué información puede considerarse razonablemente verificable.
Para el ministro, los límites fijados por el juzgado harían “materialmente imposible” realizar las operaciones militares en un contexto en el que los grupos armados reclutan y utilizan a menores de edad. Lara afirmó que el Gobierno debe proteger a los niños con el máximo rigor, pero cuestionó que su reclutamiento pueda convertirse en una limitación territorial para los grupos a los que calificó de narcoterroristas.
Medidas cautelares y protección de menores
Lara calificó la decisión como “absurdo e inconstitucional”. A la vez, señaló que el Gobierno respeta los fallos judiciales, aunque considera que puede criticarlos cuando lo estime necesario.
La orden judicial dispone que las autoridades adopten todas las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento inmediato. También exige observar el interés superior y la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, junto con los principios de distinción, precaución y proporcionalidad y las obligaciones constitucionales e internacionales aplicables en contextos de conflicto armado.
La determinación ocurre en medio de la polémica por la muerte de cuatro menores de edad: tres en un bombardeo en Guaviare y uno en el Catatumbo. El ministro de Defensa, Jorge Mora, afirmó que los menores eran combatientes.
El presidente De la Espriella respaldó las operaciones de la fuerza pública contra los grupos narcoterroristas y responsabilizó a esas organizaciones por el reclutamiento y la muerte de los menores. El trámite judicial continúa pendiente de una decisión de fondo, mientras el Ejecutivo prepara su respuesta legal a las medidas cautelares.
