En una diligencia marcada por la controversia, Juliana Andrea Guerrero no aceptó los cargos de fraude procesal imputados por la Fiscalía General de la Nación este 26 de marzo. Guerrero, quien en dos ocasiones estuvo cerca de ser nombrada como viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, es señalada de haber radicado dos títulos académicos falsos en la plataforma Sigep II con el objetivo de engañar a la administración pública y acceder a un cargo de alto nivel en el Gobierno de Gustavo Petro.
Según la fiscal Jessica Montealegre Villaquirá, Guerrero cargó diplomas que la acreditaban como tecnóloga y contadora pública de la Fundación de Educación Superior San José, a sabiendas de que nunca cumplió con los requisitos académicos ni asistió a clases. La Fiscalía sostiene que el delito de fraude procesal se perfeccionó en el instante en que los documentos fueron subidos al sistema, pues tenían la potencialidad inmediata de inducir al error a los servidores encargados de su nombramiento, afectando la «eficaz y correcta impartición de justicia».
En la misma audiencia, la Fiscalía imputó el delito de falsedad ideológica en documento público a Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación Universitaria San José. El ente investigador afirma que Gutiérrez, actuando con dolo, habría aprobado manualmente los requisitos de grado de Guerrero y certificado hechos falsos, como el cumplimiento de las pruebas Saber Pro, a pesar de que la solicitud inicial de grado había sido negada por la institución. Al igual que Guerrero, Gutiérrez se declaró inocente de los cargos.
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La defensa de Guerrero, liderada por el abogado Rafael Martínez, calificó la imputación como «ambigua», argumentando que no se explicó con claridad la relación entre las acciones de su defendida y el supuesto error en el que habría incurrido el Ministerio de la Igualdad. Pese a la oferta de la Fiscalía de un descuento de hasta el 50% de la pena en caso de allanamiento, los procesados decidieron ir a juicio. Este caso continúa bajo la lupa nacional como un símbolo de las fallas en los filtros de contratación estatal y la integridad académica en el país.
