En una reunión que se extendió por más de tres horas, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y el consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, abordaron uno de los temas más sensibles de la agenda de seguridad nacional. El resultado fue contundente: el ente acusador ratificó su decisión de no suspender, por ahora, las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo (Ejército Gaitanista de Colombia – EGC).
La jefa del ente investigador defendió la Resolución 00142, dejando claro que la justicia colombiana no otorgará «cheques en blanco» jurídicos sin que existan compromisos verificables en el territorio.
Las condiciones innegociables de la fiscal Luz Adriana Camargo
Para la Fiscalía, la seguridad jurídica de los miembros del grupo armado no es automática. Camargo advirtió que cualquier beneficio de suspensión de capturas está atado a un cumplimiento estricto de condiciones que demuestren una verdadera voluntad de paz:
Derechos Humanos: Cese inmediato de violaciones al DIH.
Menores de edad: Entrega de todos los menores reclutados forzosamente.
Hostilidades: Fin de ataques contra la población civil y de economías ilícitas.
Desarticulación: Un plan real para desmantelar estructuras financieras y armadas.
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Además, se fijó una fecha clave en el calendario: el 25 de junio de 2026. Según la Fiscalía, solo a partir de ese día, cuando entren en vigencia las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), se podrían evaluar efectos de inmunidad de tránsito para los miembros que se movilicen hacia dichas áreas.
El factor «Chiquito Malo» y la extradición
Uno de los puntos de mayor tensión en la mesa fue la situación de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo. El líder del Clan del Golfo es una pieza clave en el tablero judicial, no solo en Colombia sino en Estados Unidos.
La Fiscalía recordó que existe un concepto favorable de extradición emitido por la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2025. En este sentido, el ente acusador instó al Gobierno a respetar los tratados de cooperación internacional, señalando que la búsqueda de la paz no anula las facultades constitucionales de investigación y juzgamiento.
Justicia con verificación estatal
Finalmente, la fiscal Camargo fue enfática en que el avance de los diálogos no interrumpe la acción penal. La verificación de los gestos de paz no quedará en manos de los informes del grupo armado, sino que dependerá de mecanismos estatales trazables y rigurosos. Con este espaldarazo institucional, la Fiscalía asegura que la ley seguirá vigente mientras no se consoliden hechos de paz concretos.
