Las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara aprobaron en primer debate el Presupuesto General de la Nación de 2027 por $634,9 billones. El proyecto conserva ese monto global, pero redefine partidas entre sectores y pasa ahora a las plenarias de ambas corporaciones.
Cambios en la distribución interna
La decisión se produjo después de cerca de seis horas de debate en el Capitolio. Durante la jornada, los congresistas aprobaron un bloque de artículos sin proposición y dejaron como constancia para los debates de plenaria las iniciativas que no recibieron aval del Gobierno.
La ponencia incorporó modificaciones surgidas de 615 proposiciones radicadas. Entre los principales ajustes figura el traslado de $2 billones desde el Ministerio de Hacienda hacia Salud y Protección Social, dirigido a reforzar la financiación del sistema de salud y del aseguramiento. La reasignación no amplía el techo total del presupuesto.
También fueron incluidos $100.000 millones para la Rama Judicial, destinados a cubrir faltantes en gastos de personal derivados del ajuste de la bonificación judicial. Deporte y Recreación recibió una adición de $99.100 millones para apoyar y ampliar programas deportivos y recreativos.
La redistribución contempla una reducción de $170.000 millones al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: $30.000 millones en funcionamiento y $140.000 millones en inversión. El ajuste mantiene la operación misional de la Jurisdicción Especial para la Paz, aunque el magistrado Raúl Sánchez cuestionó el recorte durante el debate.
El Presupuesto 2027 pasa a plenarias
El proyecto incluye además una reducción de $15.600 millones en aportes de la Aeronáutica Civil para el Aeropuerto del Café, asociada a la reprogramación del avance físico de las obras y del flujo de recursos. Planeación tendrá un recorte de $13.500 millones tras un análisis de viabilidad técnica de varios proyectos de inversión.
La inversión pública prevista en la ponencia asciende a $86,9 billones, unos $7 billones menos que en 2026, una disminución aproximada de 2,8%. El Gobierno también podrá reorientar saldos presupuestales no comprometidos hacia el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo Milagro para financiar obras y acciones de reconstrucción en municipios afectados por el terremoto del 10 de agosto.
Miguel Gómez, ministro de Hacienda, defendió la propuesta al señalar que la crisis fiscal y los efectos del terremoto obligaron a cambiar los planes iniciales. Sostuvo que la austeridad es el camino para enfrentar las finanzas públicas y advirtió que mantener los niveles de gasto podría llevar al país a la recesión.
La bancada del Pacto Histórico impulsó una ponencia alternativa que proponía una ley de financiamiento y más recursos para inversión, pero la propuesta no prosperó frente a la votación mayoritaria de la ponencia del Gobierno.
Con el primer debate superado, cada cámara deberá designar ponentes y elaborar sus informes para la discusión y votación en las plenarias de Senado y Cámara. Si los textos aprobados son distintos, el trámite continuará con una conciliación entre las dos corporaciones.
