La tensión social en territorio boliviano ha cruzado una línea crítica, trasladando el impacto de las disputas políticas directamente a las salas de urgencias. Al cumplirse un mes del inicio de las manifestaciones y los cortes de ruta liderados por sectores de la oposición, el sistema sanitario del país ha lanzado un desesperado grito de auxilio debido al desabastecimiento extremo provocado por el cierre de las principales vías de comunicación.
El presidente del Colegio Médico Departamental de La Paz, Luis Larrea, describió un panorama desolador en los centros de salud, donde la falta de insumos médicos pone en riesgo inminente la vida de los ciudadanos más vulnerables.
«Siento impotencia frente a lo que está pasando, no sabemos qué hacer. Nos estamos quedando sin oxígeno; tenemos pacientes neonatos, pacientes intubados y personas mayores que pueden morir en cualquier momento», advirtió el especialista, recordando que tan solo cinco minutos sin este elemento vital bastan para provocar una muerte cerebral.
Ambulancias varadas y víctimas fatales en las carreteras
El impacto de la crisis en Bolivia por protestas y bloqueos ya arroja un saldo trágico. De acuerdo con denuncias del gremio médico, se han registrado al menos cuatro muertes de pacientes críticos que fallecieron al interior de las ambulancias al no permitírseles el paso hacia los centros médicos de alta complejidad.
Entre las víctimas confirmadas por la Defensoría del Pueblo se encuentra un niño de 12 años, quien sufría un cuadro séptico abdominal y perdió la vida en la carretera mientras intentaba ser trasladado hacia la ciudad de Oruro.
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Ante esta alarmante situación, cientos de trabajadores de la salud se movilizaron pacíficamente por las calles exigiendo a los manifestantes una «pausa humanitaria» urgente que permita el ingreso de los camiones de la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana, los cuales mantienen decenas de toneladas de oxígeno y medicamentos atrapados en los puntos de bloqueo.
¿Cómo llegó el gobierno de Rodrigo Paz a este punto de quiebre?
El actual estallido social refleja un profundo descontento de diversas organizaciones indígenas, campesinas, trabajadores y transportistas con la gestión del presidente derechista Rodrigo Paz, quien asumió el mandato hace apenas seis meses. La indignación popular se encendió tras una serie de medidas económicas drásticas, entre las que se destacaron un polémico proyecto de reforma agraria y la eliminación del subsidio a los combustibles, detonante que disparó los precios de la gasolina hasta en un 90%.
A pesar de que el Ejecutivo dio marcha atrás derogando la ley agraria, incrementando el salario mínimo y ofreciendo bonos de contingencia a las familias vulnerables, las protestas se radicalizaron. El mandatario ha denunciado que detrás de estas movilizaciones existe un plan de desestabilización democrática orquestado por el expresidente socialista Evo Morales. Mientras tanto, la comunidad internacional observa el conflicto con posturas divididas: Estados Unidos calificó las protestas como acciones desestabilizadoras, mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tildó la coyuntura como una «insurrección popular».
Sin aval del Congreso para el Estado de Excepción
El panorama político se complicó aún más luego de que el Congreso eliminara la normativa que obligaba al presidente a solicitar aprobación parlamentaria para decretar el estado de excepción, otorgándole la facultad de desplegar militares en las calles y restringir libertades civiles en un intento por restablecer el orden vial.
En medio de este escenario de polarización extrema, el Defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya, formuló un llamado urgente a todas las facciones políticas y sociales para instalar una mesa de diálogo «sin condiciones» previas. «Estamos al borde de un precipicio», sentenció el funcionario, reflejando el temor generalizado de una nación que, además de la parálisis médica, empieza a sufrir una severa escasez de alimentos y combustibles en sus principales urbes.
