Representantes de Keralty, la empresa propietaria de la EPS Sanitas, celebraron la decisión de la Corte Constitucional que tumbó la intervención realizada por el Gobierno Nacional y anunciaron que continuarán con las acciones judiciales para obtener una reparación por los daños ocasionados por lo que califican como una decisión arbitraria e ilegal.
Según el abogado de Keralty, Juan David Rivero, la decisión judicial genera sentimientos encontrados, ya que demuestra que las instituciones funcionan, pero el daño ya fue infligido.
“La decisión de la Corte Constitucional ratifica que la intervención fue ilegal, arbitraria, desproporcionada y discriminatoria. La estrategia del Gobierno fue debilitar el sistema de salud y generar un caos que terminó afectando a millones de pacientes y usuarios”, afirmó Rivero.
Sobre el futuro de la EPS, el abogado explicó que esperan recibir la sentencia completa en un plazo de entre 10 y 15 días para proceder con su ejecución y restablecer la dirección y operatividad de la compañía.
También te puede interesar: https://nacioncolombia.com/con-sembremos-confianza-corantioquia-impulsa-la-paz-a-traves-del-medio-ambiente/
Indicó además que se deberán tomar decisiones importantes para recomponer la atención a los pacientes y usuarios afectados, teniendo en cuenta el incremento de tutelas y PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos) generado durante lo que calificaron como el “desastre” de la intervención.
“Los niveles de PQR y tutelas son muy elevados. Aunque no tenemos cifras oficiales, es evidente que los estándares de oportunidad y calidad del servicio decayeron significativamente a raíz de la intervención. Esa es la afectación que hoy, afortunadamente, la Corte ha puesto fin”, agregó.
Rivero recalcó que no cesarán en la búsqueda de sanciones contra el Gobierno por esta intervención que consideran premeditada y lesiva para la operación de Sanitas.
“Ese trámite ya está en curso, se están agotando las etapas del proceso y tenemos una pretensión resarcitoria en marcha. No descansaremos en acudir a todas las instancias judiciales necesarias”, dijo.
Finalmente, el abogado reiteró que también se mantienen en pie acciones internacionales contra el Estado colombiano y defendió la postura de que el sistema de salud puede perfeccionarse, pero no silenciando a los actores que lo integran.
“Lo que buscaba el Gobierno era silenciarnos y excluirnos del debate. Hoy, recuperamos la voz”, concluyó.
